PARTE II

El incremento del Interés Económico Controvertido (IEC) concentrado en la Sala Superior -que alcanzará aproximadamente los $538,000 mdp al finalizar 2026- es la evidencia de la patología centralista que padece el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por el inadecuado modelo jurídico y decisiones equivocadas de la Junta de Gobierno y Administración y la Sala Superior en un contexto de opacidad.

El 39.4% de la litigiosidad nacional está supeditada a los criterios jurídicos de diez juzgadores de secciones ordinarias, lo cual no responde a una inercia procesal orgánica (rezago), sino a una mutación fáctica del diseño de atracción (discrecionalidad). Lo que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo concibió como un mecanismo estrictamente excepcional, después de 2018 se convirtió en instrumento de concentración de litigios millonarios en la Sala Superior y el incremento del interés económico controvertido.

Este fenómeno, junto a la inexistencia de sesiones en las Salas Regionales, el incumplimiento del principio de justicia abierta establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (LOTFJA), régimen disciplinario arbitrario, evaluación sustentada en normas abrogadas, ética abrogada, simulación o defraudación procesal, encriptamiento para evitar el escrutinio público y opacidad administrativa, indican que el TFJA es una institución capturada.

El régimen disciplinario es inconvencional al ser usado como instrumento de represión, contrario a lo que la Corte IDH ha resuelto sobre represalias e independencia judicial reforzada en los casos Reverón Trujillo vs. Venezuela, Chocrón Chocrón vs. Venezuela o Martínez Esquivia vs. Colombia. Es una violación formal al estándar interamericano de estabilidad e inamovilidad judicial frente a presiones internas.

Garantías judiciales

Los órganos jurisdiccionales son los responsables de hacer efectivas las garantías judiciales que consisten en el debido proceso, legalidad, autoridades competentes, imparciales e independientes, presunción de inocencia y derecho a defenderse, entre lo más sobresaliente sin restar importancia a las demás.

Las garantías jurisdiccionales no son posibles cuando existe captura institucional. Son reconocidos diversos métodos para la determinación de la captura institucional o captura de instituciones, puede darse grupos políticos, particulares o ambos; es legalista o normativa (no legal) o de facto (simular la legalidad). No hay tutela jurisdiccional efectiva en instituciones de impartición de justicia capturadas.

La concentración de casi cuatro de cada diez pesos controvertidos en la Sala Superior, es asumir competencia de las Salas Regionales en demérito de la calidad de “juez natural” y debilitamiento del interés público. Las reduce a meras oficialías de instrucción y es la causal material de la opacidad endémica del TFJA y el desvío de poder normalizado. Expresión orgánica normativa incorrecta para la impartición de justicia.

Al centralizar expedientes multimillonarios en la capital del país, debilitan el control jurisdiccional y la transparencia republicana exigida por el artículo 31 de la Ley Orgánica del TFJA. La información asimétrica desvirtúa la finalidad de la impartición de justicia administrativa porque la opacidad estimula la corrupción de los operadores de justicia.

El volumen de capital atraído diluye las anulaciones de mayor impacto fiscal en densas listas de sesión donde las resoluciones pasan inadvertidas para la opinión pública foránea, encriptando el cabildeo de los grandes corporativos e institucionalizando una simulación procesal que da origen a la “década perdida de la justicia administrativa federal”.

La hiperconcentración del Interés Económico Controvertido (IEC) en la Sala Superior no es un fenómeno accidental ni producto de la inercia procesal. Es el resultado de un diseño normativo e institucional centralista deliberadamente estructurado para sustraer los grandes litigios del escrutinio de las Salas Regionales por medio de la facultad atracción aplicada con discrecionalidad y no como excepción.

La Sala Superior conoce los asuntos fundamentándose en el artículo 48 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), complementado por el artículo 18 de la Ley Orgánica del TFJA. Esencialmente, es la regulación de una figura jurídica excepcional pero supeditada a una “práctica” discrecional por la ausencia de requisitos de procedibilidad. Es un instrumento normativo que ha permitido que la cúpula capture el TFJA y el debilitamiento de la Sala Regional.

Las demandas son presentadas formalmente ante la Sala Regional competente por territorio (o por vía electrónica), pero el artículo 48 faculta al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior a atraer el juicio para emitir la sentencia definitiva. Limitan a la Sala Regional a una oficialía de instrucción porque al ejercer la facultad de atracción su competencia solo es una función puramente adjetiva: emplaza, admite pruebas, desahoga audiencias y, en cuanto cierra la instrucción, está legalmente obligada a remitir los autos a la Ciudad de México, perdiendo toda facultad decisoria sobre el fondo del litigio. Este es el punto neurálgico del debate.

Competencia

La competencia es por territorio, materia y cuantía, lo cual debería estar regulado mediante una disposición legislativa, y no a un criterio discrecional. Los criterios de atracción son asimétricos:

  1. Por cuantía: Juicios que rebasan el umbral económico fijado periódicamente por el Pleno del TFJA (tasado en UMA), que actualmente es de trescientos millones de pesos.
  2. Por trascendencia y características especiales: Impone un criterio discrecional que permite al Pleno y Sala Superior determinar qué asunto es "relevante", reservándose el monopolio de las controversias de mayor calado financiero.

El diseño del TFJA arrastra una premisa histórica no escrita que es la desconfianza hacia las Salas Regionales frente a intereses multimillonarios. Lo cierto es que igual criterio es aplicable al Pleno o Secciones de la Sala Superior porque inexisten mecanismos de control, como es la indebida regulación de la facultad de atracción. De hecho, en las actuales condiciones del TFJA es la Sala Superior la responsable del incremento del IEC.

Existe la percepción o creencia que los juzgadores en las entidades federativas son más susceptibles a presiones de grupos de poder locales, litigantes regionales o consorcios con arraigo en la plaza. En la práctica, esto es propiciado porque los juzgadores son adscritos en las entidades donde han nacido o desarrollado actividad laboral lo que propicia la generación de conflictos de interés e impunidad ante la inexistencia de un código de ética vigente.

En consecuencia, la burocracia federal hacendaria prefiere concentrar la defensa del erario en la Ciudad de México, donde el litigio pueda estar bajo el control directo de las oficinas centrales de la Procuraduría Fiscal de la Federación y las administraciones generales del SAT. Esta aseveración es cuestionable porque la corrupción no está supeditada a un determinismo geográfico. La corrupción obedece a la condición y naturaleza humana.

Litigar un solo expediente de cuantías en miles de millones de pesos supera la suma de cientos o miles de expedientes ordinarios que tramita una Sala Regional en un año.  Los cuales son sobre créditos del IMSS, negativas de pensiones del ISSSTE, CONAGUA, o infracciones de la Guardia Nacional. Esto ha repercutido como detonante de la corrupción en los litigios sobre la seguridad social, por ello he sostenido la creación del Instituto de la Defensoría de Oficio para la Seguridad Social.

Existen incentivos compartidos entre la autoridad y los grandes despachos porque tanto el SAT como la abogacía corporativa de élite están alineados para que los asuntos no se queden en provincia. El SAT solicita sistemáticamente la atracción para evitar criterios desfavorables dispersos en las entidades federativas y asegurar una interlocución unificada en la sede jurisdiccional de la Ciudad de México, en lugar de desarrollar las fortalezas institucionales y las habilidades y competencias institucionales del personal. La centralización no disminuye la corrupción por el contrario incrementó el IEC y generó un rezago que era evitable.

Los grandes despachos fiscales promueven o consienten la atracción porque sus sedes y operadores de cabildeo jurídico radican en la Ciudad de México, donde resulta más estratégico litigar ante un cuerpo colegiado de cinco magistrados en cada una de las secciones ordinarias que litigar en salas foráneas. En la sección de responsabilidades administrativas son tres. El actual modelo jurídico del TFJA está implementado a modo de los intereses privados, en estas circunstancias el que ha perdido es el Estado, porque el rezago y la concentración de litigios aplicando la facultad de atracción creció.  

La elección del presidente del TFJA por parte de los integrantes de la Sala Superior ha generado la captura y desviación de poder por la falta de transparencia, mecanismos de rendición de cuentas y evaluaciones. Los presidentes han cambiado entre 2016 y 2026 pero la inercia continúa, como una desviación normalizada de la impartición de justicia administrativa. Con el argumento de independencia jurisdiccional se contempló que el presidente del TFJA fuera electo entre pares, pero no mejoró la calidad de la impartición de justicia en México.

No existe ningún impedimento constitucional objetivo o técnico para realizar esta selección discrecional y centralizada de litigios, por el contrario esto ha incrementado el IEC. Los magistrados de Sala Regional cuentan con el mismo nombramiento formal y exigencias legales que los de Sala Superior, la única distinción son los votos para su designación parlamentaria por las dos terceras partes para los segundos (art. 73 XXIX-H, CPEUM) o mayoría para los primeros.

Ningún magistrado de Sala Superior o Regional tiene un seguimiento de desempeño, no están publicadas las integraciones de ponencia o las cuantías de cada una. La opacidad, criterios fácticos y normativas manidamente usadas construidos por los grupos de interés son el factor real de poder dentro del TFJA. Influyen en la toma de decisiones de acuerdo a sus propios intereses.

Al Estado mexicano no le beneficia el incremento del IEC porque tiene un efecto negativo recaudatorio y los casos que no están contemplados por la discrecionalidad de la facultad de atracción de la Sala Superior, ha generado que en las Salas Regionales inexistan controles jurisdiccionales vigentes, evaluaciones y sesiones. Son flagrante violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva e independencia jurisdiccional

Lo anterior, convierte a la justicia administrativa federal en un sistema de dos niveles: i) un "derecho contencioso administrativo de élite" reservado a la Sala Superior y a los grandes corporativos y, ii) un "derecho contencioso administrativo de trámite masivo y baja cuantía” confinado a los estados de la República. Es una justicia asimétrica o de dos velocidades para privilegiar a unos y discriminar a otros eliminando en la práctica el interés público.

El concentrar entre el 4% o 5% del PIB nacional en 10 juzgadores de secciones ordinarias, genera un cuello de botella institucional que amplifica de forma crítica los riesgos de captura política, presiones directas del Poder Ejecutivo o de los grandes corporativos fiscales e inercias de opacidad. Es un riesgo que se potenciaría de manera desmedida si se pretenden insertar mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) reservados o discretos en esa misma cúspide decisoria.

Los magistrados de Sala Superior no están bajo el escrutinio público que la dimensión de su responsabilidad económica obliga. Por el contrario, la opacidad institucionalizada los tiene en gran medida encriptados y sin escrutinio público. El desempeño del TFJA no está bajo los criterios de medición del INEGI. La ASF no ha realizado observaciones sobre la inexistencia de sesiones o la disminución de la cuantía que ha repercutido en un incremento del IEC. La autonomía técnica e independencia jurisdiccional no es la inexistencia de controles, sino la sujeción a modalidades de control que garanticen que el ente público no sea capturado.

La inercia de la burocracia federal ha sido autocomplaciente, en mayor o menor grado. El incremento del interés económico controvertido es responsabilidad del SAT, SHCP, Procuraduría Fiscal de la Federación, Consejería Jurídica, Secretaría de Gobernación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que sustantivamente son responsables de los litigios en el TFJA, respeto a los derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y el Estado de Derecho.

¿Por qué no reacciona el Estado mexicano? Creo, que por los muchos y grandes intereses que “seducen” y saben “adaptar” a los operadores del sector público.

Salas Regionales

Descentralizar el interés económico controvertido hacia las Salas Regionales sin poner en riesgo la recaudación legítima ni generar dispersión de criterios perjudicial para la hacienda pública exige reconfigurar la relación funcional entre la Sala Superior y las Salas Regionales, fortalecimiento estructural y la implementación del principio de justicia abierta.

La Sala Superior opera como un tribunal de primera instancia para litigios de gran cuantía a través del artículo 48 de la LFPCA. El objetivo debe ser transformar a la Sala Superior en un auténtico tribunal de legalidad, casación y unificación de criterios, permitiendo que la totalidad de los juicios -con independencia de su monto- se resuelvan en primera instancia por las Salas Regionales, bajo un sistema estricto de pesos, contrapesos y control de calidad.

El monto económico de un crédito no define su dificultad técnica ni su constitucionalidad. La facultad de atracción de la Sala Superior debe quedar reservada de forma exclusiva a juicios que planteen cuestiones jurídicas de genuina trascendencia, novedad o fijación de precedentes vinculantes, con independencia del monto. La facultad de atracción debe ser restrictiva, excepcional y con presupuestos jurídicos definidos no discrecional.

La regla general debe ser que la Sala Regional instruya y dicte la sentencia definitiva en todos los casos de grandes contribuyentes radicados en su circunscripción territorial, asumiendo la plenitud de jurisdicción que la Constitución otorga a sus magistrados.

En este contexto la profesionalización[i] para el desarrollo de habilidades y competencias de los operadores de justicia, la movilidad escalafonaria con base en el mérito y el incremento salarial resultan esenciales. Homologar los tabuladores, capacitación y perfiles de los secretarios de acuerdos y proyectistas regionales con los de Sala Superior, eliminando la asimetría de recursos humanos que hoy inclina la balanza hacia la capital.

Contemplar un medio de impugnación donde la Sala Superior deje el expediente completo desde la instrucción para concentrarse únicamente en revisar si la Sala Regional aplicó indebidamente la ley, valoró erróneamente pruebas o quebrantó la jurisprudencia. Esto protege a la hacienda pública federal con un filtro técnico de última palabra sin despojar a las regiones de su competencia natural.

Uno de los argumentos institucionales para justificar la facultad de atracción es que las salas foráneas carecen del andamiaje técnico para desentrañar controversias de precios de transferencia, contabilidad transfronteriza o esquemas financieros complejos. La solución es crear las unidades periciales y actuariales desconcentradas, pero con la supervisión, evaluación periódica y profesionalización que corresponde.

Lo que permite a la Sala Superior y JGA concentrar las decisiones sobre los mayores capitales en litigio no es una anomalía informal, sino un mecanismo regulatorio habilitado por la propia legislación adjetiva y orgánica, cuya aplicación práctica ha degenerado en un esquema de amplia discrecionalidad.

La facultad para que la cúpula del TFJA defina qué asuntos se retiran de las Salas Regionales proviene de una combinación de disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) y de la Ley Orgánica del TFJA (LOTFJA):

Facultad de Atracción

El artículo 48, párrafo primero e incisos de la LFPCA (cláusula de atracción) faculta al Pleno Jurisdiccional o a las Secciones de la Sala Superior para ejercer la facultad de atracción de juicios con características especiales, que impliquen la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, o cuando el monto del negocio exceda la cantidad que periódicamente determine el Pleno de la Sala Superior.

La ley no fija una cifra inmutable en pesos; delega expresamente en el propio Pleno la potestad de fijar, actualizar o modificar ese umbral económico mediante acuerdos generales.

El artículo 16, fracciones II, IV y IX, y artículo 18 de la LOTFJA, establecen las atribuciones del Pleno General y de las Secciones para emitir las reglas generales de distribución de asuntos y ejercer de oficio o a petición de parte la atracción de juicios promovidos ante las Salas Regionales.

El artículo 65, fracciones I y VII, de la LOTFJA, otorga a la JGA la facultad para determinar la adscripción y redistribución de cargas procesales entre salas, crear salas especializadas y dictar los acuerdos administrativos que ordenan remitir expedientes a las Secciones de la Sala Superior. En el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Pleno publica el acuerdo mediante el cual fija el monto mínimo de cuantía para que proceda la atracción.

Justificación oficial

En los dictámenes legislativos que originaron estas reformas, así como en los considerandos de los Acuerdos Generales del Pleno del TFJA, la justificación institucional se ha sostenido sobre tres pilares argumentativos:

  1. Unificación de criterios y seguridad jurídica: El argumento central es que una resolución contradictoria entre salas regionales sobre un crédito fiscal de gran escala crearía un impacto presupuestal catastrófico y una asimetría jurídica inmanejable. Concentrar el criterio en la cúpula busca "evitar la dispersión hermenéutica".
  2. Complejidad técnico-financiera de los litigios: Se sostiene que las auditorías de grandes corporativos involucran planeaciones fiscales complejas, precios de transferencia internacionales y convenios de doble tributación que exigen un cuerpo de secretarios de estudio y cuenta altamente especializado, el cual no está desplegado de manera homogénea en las más de 50 salas regionales del país.
  3. Protección preventiva del interés hacendario nacional: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT cabildearon históricamente este esquema argumentando que dejar en juzgados periféricos o provinciales la definición de créditos fiscales que equivalen a puntos enteros del PIB exponía al fisco a resoluciones locales de alto impacto económico sin un control técnico centralizado previo.

Al contrastar la justificación con la realidad operativa, el hallazgo es que este diseño sí opera mediante una discrecionalidad técnica que alimenta incentivos estructurales de captura institucional y opacidad. Las razones que sostienen esta conclusión son las siguientes:

Esta indefinición normativa o manida otorga discrecionalidad total para decidir qué controversias multimillonarias resolverá la Sala Superior  y cuáles no, convirtiéndose en los árbitros directos de capitales privados y recursos públicos.

La competencia debe ser determinada previamente en un supuesto jurídico, fortaleciendo la excepcionalidad de la facultad de atracción, obligando a una motivación reforzada en cumplimiento del artículo 8.1 del Pacto de San José y estructurando hipótesis normativas para cumplir con el principio de legalidad. Las normas procesales son de orden público y no deben quedar a voluntad de los sujetos procesales.

Foro de Conveniencia

La captura del foro y la centralización del cabildeo es consecuencia de la concentración del interés económico controvertido en la Sala Superior generando el debilitamiento de la Sala Regional y desvío de poder.

Mientras que un litigio en una Sala Regional genera un expediente visible a nivel local, la cantidad de litigios atraídos a Sala Superior se diluye en listas de sesión donde es más fácil que una anulación multimillonaria pase inadvertida al escrutinio público. La centralización fortalece la opacidad y por lo tanto, la corrupción.

MASC

El riesgo de corrupción o componenda se multiplica cuando se intenta introducir mecanismos alternativos de solución de controversias.

Si la Sala Superior atrae un litigio fiscal millonario, bajo el pretexto de su "trascendencia económica", y en lugar de emitir una sentencia pública, fundada, motivada y sujeta al escrutinio del juicio de amparo, lo deriva a una mesa de mediación intrajudicial reservada, el resultado es la desaparición de la función jurisdiccional.

Mientras el TFJA incumpla con la legalidad en sesiones y el principio de justicia abierta, carece de legitimidad para implementar los MASC. El desvío de poder no es un escenario que garantice la seguridad jurídica.

El TFJA deja de ser un órgano de control de la legalidad objetiva para operar como una oficina de transacción privada de pasivos tributarios mientras prevalezca la opacidad, blindada por el secreto procesal y convalidada por una resolución que nadie fuera de esa mesa podrá auditar socialmente.

El impulso de los MASC es un marcado interés de los grandes corporativos y servidores públicos que desarticula la impartición de justicia administrativa en un contexto de opacidad jurisdiccional, administrativa y disciplinaria.

Los MASC deben implementarse aplicando criterios estrictos de publicidad, rendición de cuentas y límites objetivos, impidiendo que la reserva procesal cobije acuerdos lesivos al interés fiscal.

Legislar la facultad de atracción

El diseño estructural de las facultades de la JGA y de la Sala Superior no es neutral porque justifica la centralización en nombre de la técnica jurídica pero están erigiendo un monopolio resolutorio donde la discrecionalidad de atracción y la cercanía con el gran litigio corporativo debilitan el control judicial y la transparencia republicana que exige el artículo 31 de la Ley Orgánica del TFJA.

Es plenamente procedente, factible y jurídicamente necesario delimitar presupuestos procesales y requisitos reglados para el ejercicio de la facultad de atracción. Lejos de constituir una intromisión indebida en el arbitrio judicial, el establecimiento de requisitos objetivos de procedibilidad responde a los mandatos constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, debida motivación y garantía del juez natural (artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales), así como a los estándares del control de convencionalidad (artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Es necesario  transitar de un modelo de discrecionalidad a uno regulado identificando las causales de la facultad de atracción.

Erradicar la atracción sustentada exclusivamente en el monto en pesos o en fórmulas genéricas como "características especiales", debe legislarse la procedencia determinando los presupuestos de conflicto jurídico e inexistencia de jurisprudencia previa aplicable.

Debe ser requisito sine qua non que el caso plantee la interpretación de una norma recién promulgada, una antinomia legal no resuelta, la necesidad de realizar un control difuso de constitucionalidad o convencionalidad respecto de una disposición general. Si el fondo del asunto ya cuenta con jurisprudencia firme del TFJA o del Poder Judicial de la Federación (PJF), la atracción debe ser improcedente por falta de materia.

El litigio debe trascender el interés particular de las partes, demostrando que el criterio jurídico incidirá de manera directa en las finanzas de la Federación en su conjunto o en la operatividad de políticas públicas nacionales.

La resolución que admita o deseche la atracción debe satisfacer requisitos mínimos de motivación reforzada. El acuerdo o resolución de la sección ordinaria de Sala Superior que determine ejercer la atracción no puede limitarse al “centón jurídico” del artículo 48 de la LFPCA y manifestar que el asunto "reviste importancia", sino ajustarse al principio de legalidad, seguridad jurídica y a la existencia de requisitos de procedibilidad procesal.

Captura institucional

La ineficacia de la impartición de justicia en México está propiciada por el régimen jurídico vigente, es decir, es una captura normativa por lo siguiente:

  1. La LOTFJA concentra funciones disciplinarias, administrativas y jurisdiccionales, que están supeditadas a los mismos intereses.
  2. La elección del presidente del TFJA entre sus pares, garantiza la continuidad.
  3. El cambio en la impartición de justicia en México depende de refundar el TFJA con criterios jurídicos.
  4. La concentración e incremento del Interés Económico Controvertido, está propiciando un rezago que tiene como consecuencia la disminución de valor del dinero en el tiempo para la hacienda federal.
  5. Debe realizarse un análisis diferenciado de los litigios para distinguir realmente la efectividad jurídica de las resoluciones del TFJA.
  6. La facultad de atracción no debe ser discrecional sino regulada estableciendo los presupuestos procesales o de procedencia.
  7. El supuesto jurídico de asuntos relevantes, realmente es un mecanismo que genera una discrecionalidad que transgrede los principios de seguridad jurídica.
  8. La inadecuada profesionalización en el TFJA, fomenta la concentración de litigio por cuantía en la Sala Superior.
  9. La inexistencia de una evaluación al desempeño sustentada en el principio de justicia abierta establecido en el artículo 31 de la LOTFJA, es una acción deliberada para mantener capturado el TFJA.
  10. La opacidad administrativa y jurisdiccional, forma parte del mecanismo de captura institucional.
  11. La represión contra juzgadores y las violaciones a derechos humanos es un mecanismo de control e imponer sumisión que favorece intereses ajenos al Estado.
  12. La disminución del valor del dinero en el tiempo es un daño a la hacienda pública consecuencia del desvío de poder y generador de responsabilidades a servidores públicos federales.
  13. El TFJA, a pesar de las recientes designaciones de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, continúa capturado lo cual es evidente ante el incumplimiento del principio de justicia abierta, inexistencia de sesiones, manejo presupuestal en opacidad y actividad jurisdiccional encriptada. Lo anterior, es información asimétrica y desvío de poder, signo inequívoco de la captura de la impartición de justicia administrativa.
  14. Una red de redes interinstitucional entre servidores públicos federales integrantes de la alta burocracia administrativa e intereses económicos con poder para engañar y manipular con información asimétrica a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene capturada la impartición de justicia administrativa por más de una década. Lo he explicado en anteriores ensayos[ii].
  15. La captura institucional mantiene en litigio cantidades de dinero que deberían ingresar al presupuesto federal y otorgar seguridad jurídica a las relaciones entre gobernante y gobernado.
  16. La captura institucional impone una justicia atrofiada de dos velocidades, donde hay justiciables de primera y segunda.

[i] El Centro de Estudios del TFJA ha incumplido con la responsabilidad de profesionalizar al carecer de fundamentos pedagógicos su oferta educativa e incluso no tiene el registro de validez oficial de algunas. Es necesario separar de la JGA la función disciplinaria, garantizando el pleno  respeto de la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido con total claridad (en casos emblemáticos como Tribunal Constitucional vs. Perú o Rico vs. Argentina) que las garantías del debido proceso (Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) se aplican no solo a la materia penal, sino también al orden administrativo y disciplinario.

[ii] Está documentado y sustentado:

  1. https://ricardoleoncaraveo.com.mx///ricardoleoncaraveo.com.mx/index.php/blog/Entrada/140-acuerdo-g-jga-24-2025
  2. https://ricardoleoncaraveo.com.mx///ricardoleoncaraveo.com.mx/index.php/blog/Entrada/138-cr
  3. https://ricardoleoncaraveo.com.mx///ricardoleoncaraveo.com.mx/index.php/blog/Entrada/137-derecho-a-la-seguridad-y-proteccion-integral-a-un-juzgador-denunciante-de-actos-ilicitos

Glosario

Acuerdo General del Pleno: Disposición normativa interna de carácter obligatorio expedida por el Pleno de la Sala Superior del TFJA para regular el funcionamiento procesal, emitir reglas de distribución de asuntos o actualizar umbrales de cuantía.

Captura institucional (o captura regulatoria/normativa): Fenómeno en el cual las leyes, estructuras organizacionales o decisiones operativas de un órgano del Estado se desvían de la tutela del interés público para responder de facto o legalmente a intereses de grupos políticos o corporativos privados.

Cláusula o facultad de atracción: Mecanismo legal mediante el cual un órgano jurisdiccional superior o terminal (el Pleno Jurisdiccional o las Secciones de la Sala Superior) asume el conocimiento y resolución directa de un juicio radicado ante un órgano inferior (Salas Regionales), sustentado legalmente en cuantía, características especiales o fijación de criterios de importancia y trascendencia.

Control de convencionalidad: Obligación de los órganos jurisdiccionales y del Estado de contrastar el derecho interno con las normas de los tratados internacionales de los que el país es parte (particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desvío de poder: Ejercicio de una atribución legalmente conferida a una autoridad jurisdiccional o administrativa para un propósito o fin distinto a aquel previsto por el legislador y por el interés público tutelado.

Información asimétrica: Desequilibrio en el acceso y manejo de datos procesales, presupuestales y de gestión entre la autoridad administrativa/cúpula jurisdiccional y los gobernados o justiciables, lo que propicia opacidad e indefensión.

Interés Económico Controvertido (IEC): Valor patrimonial o monto en dinero total involucrado y litigado en los créditos fiscales y actos administrativos impugnados pendientes de resolución ante el tribunal.

Juez natural: Garantía judicial y estándar de debido proceso conforme al cual toda persona debe ser juzgada por un tribunal y funcionario judicial cuya competencia objetiva territorial, funcional y por materia haya sido determinada previamente en la ley y no fijada de forma potestativa o ad hoc.

Junta de Gobierno y Administración (JGA): Órgano directivo del TFJA dotado de facultades de administración, adscripción, redistribución de cargas procesales, gobierno interior y régimen disciplinario.

Justicia abierta: Principio y estándar de transparencia gubernamental y judicial (previsto en el artículo 31 de la LOTFJA) enfocado en la publicidad de sesiones, acceso a resoluciones íntegras, evaluación al desempeño y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC): Vías procedimentales no contenciosas (como mediación o conciliación) enfocadas en resolver desavenencias sin emisión de una sentencia tradicional, sujetas en el orden público tributario a restricciones para evitar opacidad.

Motivación reforzada: Nivel de justificación rigurosa, exhaustiva y técnica exigible al juzgador en resoluciones discrecionales o de alto impacto para exponer los fundamentos jurídicos y probatorios suficientes que acrediten la procedencia de una medida o excepción.

Oficialía de instrucción: Expresión crítica utilizada para describir la reducción procesal de un tribunal jurisdiccional a un mero órgano adjetivo que radica, desahoga pruebas y prepara el expediente sin contar con facultades para resolver el fondo del asunto.

Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos - CADH): Instrumento internacional en materia de derechos humanos cuyo artículo 8.1 consagra las garantías judiciales de audiencia, juez competente, independiente, imparcial y establecido con anterioridad en la ley.

Principio de legalidad: Mandato constitucional según el cual las autoridades únicamente pueden actuar conforme a facultades expresas concedidas en la ley, fundando y motivando con precisión sus determinaciones.

Sala Superior del TFJA: Órgano colegiado central de resolución y cúspide jerárquica del tribunal, integrado por 16 magistrados y estructurado en Pleno y tres Secciones Jurisdiccionales.

Salas Regionales: Órganos jurisdiccionales del TFJA desconcentrados territorialmente en las diversas entidades federativas de la República para tramitar e impartir justicia administrativa ordinaria de primera instancia.

Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA): Órgano jurisdiccional dotado de plena autonomía técnica para resolver las controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares, así como para sancionar responsabilidades administrativas graves.

Unidad de Medida y Actualización (UMA): Unidad de cuenta y referencia económica oficial empleada legalmente en México para tasar multas, obligaciones procesales y los umbrales de cuantía para la atracción de juicios en el TFJA.