El costo financiero de las vías de hecho y la parálisis de la justicia administrativa en México

 Introducción

Este ensayo jurídico constituye una disección epistemológica, sustantiva y procesal de la patología sistémica que aqueja al régimen de disciplina y control judicial en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Tomando como base empírica e irrebatible los 117 puntos nodales articulados en el recurso de reclamación del expediente disciplinario JGA-PRA-012/2026-02 (derivado del expediente de investigación JGA-DA-080/2025-03), este estudio entrelaza de manera orgánica la denuncia penal y administrativa sobre simulación procesal (V2 / Oficio 26-1-2-14327/26 y análogos) con los postulados teóricos desarrollados en la obra TFJA: Reflexiones para la reforma. De la opacidad a la justicia abierta (90 aniversario).

Se demuestra cómo el tránsito fallido de la justicia contenciosa administrativa mexicana ha consolidado un modelo de «Justicia Fordiana», caracterizado por la industrialización serial de fallos apócrifos, el uso sistemático del centón jurídico, la simulación de quórum deliberativo y la ausencia de máxima publicidad. Frente a ello, la concentración anticonstitucional de funciones investigadoras, sustanciadoras y sancionadoras en la Junta de Gobierno y Administración (JGA) y la Sala Superior aniquila el principio acusatorio y la imparcialidad objetiva (artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Asimismo, se expone la aberración conceptual de transmutar una suspensión conservativa de juicio de amparo en un título habilitante de investidura jurisdiccional sin acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), consumando auténticas «vías de hecho». La pretensión de catalogar la «Resistencia Constitucional» y la objeción técnica de las personas juzgadoras como «abandono» o «rezago» quiebra los principios de legalidad, culpabilidad subjetiva, tipicidad y lealtad procesal (ius puniendi).

Finalmente, se demuestra que esta degradación no es una simple contingencia operativa, sino la manifestación palmaria del «Efecto Lucifer» (teorizado por Philip Zimbardo): un mal diseño institucional corporativo que normaliza la desviación normativa, ampara coaliciones corruptoras y utiliza el aparato disciplinario como un instrumento de intimidación para sofocar la independencia judicial individual.

I. EL COLAPSO DEL MODELO FORDIANO FRENTE AL ESTADO CONSTITUCIONAL

El Estado Constitucional de Derecho experimenta una regresión terminal cuando las instituciones creadas para controlar la legalidad administrativa sucumben ante la lógica del poder arbitrario. En la obra TFJA: Reflexiones para la reforma. De la opacidad a la justicia abierta, identifico con precisión el agotamiento histórico del diseño heredado del tribunal fiscal burocrático: el modelo de Justicia Fordiana. Este paradigma concibe la función jurisdiccional como una línea de ensamblaje mecanicista inspirada en la producción industrial en masa, donde el valor público primordial no es la justicia material ni la motivación argumentativa racional, sino el volumen estadístico y la apariencia cuantitativa de productividad.

En el modelo fordiano del TFJA, la deliberación ha sido reemplazada por la técnica del «centón jurídico» —el ensamblaje indiscriminado de transcripciones legales, jurisprudenciales y conceptos de violación desprovistos de confrontación reflexiva— y por la simulación corporativa de acuerdos. Este esquema industrializado requiere, para subsistir, de un muro infranqueable de opacidad institucionalizada: sesiones a puerta cerrada, inexistencia de repositorios digitales accesibles al público en tiempo real, actas de acuerdos de trámite no consultables y una resistencia corporativa feroz a la implementación efectiva del principio de justicia abierta mandata por el artículo 6 constitucional.

La crisis que estalla en los expedientes JGA-DA-080/2025-03 y JGA-PRA-012/2026-02 no es un conflicto intersubjetivo aislado ni una desavenencia burocrática menor; es la colisión frontal entre dos concepciones irreconciliables de la función judicial:

1. Por un lado, la Judicatura Deontológica y Constitucional, sustentada en el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que exige lealtad irrestricta a la supremacía constitucional, respeto a la investidura democrática, rechazo de las vías de hecho y observancia de los derechos humanos tutelados por el artículo 1 constitucional.
2. Por el otro, la Burocracia Disciplinaria Asimétrica, enraizada en un corporativismo que pervive mediante redes internas («coaliciones corruptoras») y que recurre a la instrumentalización coactiva de los órganos de gobierno para castigar la disidencia doctrinal, censurar la libertad académica y obligar a las personas juzgadoras a convalidar actos nulos de pleno derecho.

Cuando un tribunal que debe impartir justicia adopta la simulación como regla de operación interna y el castigo como blindaje institucional, el Derecho se envilece. Como advertía el ilustre administrativista Eduardo García de Enterría, el ordenamiento jurídico admite que del «hecho bruto» nazca el «derecho» (a través del reconocimiento normativo originario), pero bajo ninguna circunstancia puede admitir que del derecho nazca el «hecho bruto» arbitrario, pues en ese instante el derecho deja de ser tal para transformarse en simple violencia institucionalizada.

II. LA CONCENTRACIÓN ANTICONSTITUCIONAL DE FUNCIONES Y EL COLAPSO DEL JUEZ NATURAL (ART. 8.1 CADH)

1. La Fusión de acusación, instrucción y juicio: endogamia corporativa de la JGyA-TFJA

El artículo 14 de la CPEUM garantiza las formalidades esenciales del procedimiento como presupuesto indispensable de toda privación de derechos, lo que en el ámbito sancionador se traduce en el principio acusatorio formal. A su vez, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) consagra el derecho humano inalienable a ser juzgado por un tribunal independiente, competente e imparcial.

La jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), vertida en los casos Ruano Torres y otros vs. El Salvador (párrafos 151-153), Moya Solís vs. Perú (párrafos 85-92) y Martínez Esquivia vs. Colombia (párrafos 84-96), ha determinado de manera uniforme que la garantía de imparcialidad objetiva exige una separación estricta, funcional y orgánica entre:

• La autoridad facultada para recibir quejas, allegarse de información y formular acusación (Autoridad Investigadora).
• La autoridad encargada de calificar la legalidad de los cargos, admitir la acción disciplinaria y dirigir la audiencia procesal (Autoridad Substanciadora).
• El órgano colegiado que decide sobre la imposición de la pena administrativa o destitución del cargo (Autoridad Resolutora).

En la arquitectura del TFJA, este mandato convencional sufre un colapso estructural. De conformidad con los Lineamientos para investigar, substanciar y sancionar responsabilidades administrativas aprobados en el Acuerdo G/JGA/40/2023, la Junta de Gobierno y Administración (JGA) acumuló en su mismo seno colegiado las tres funciones:

• Las Magistraturas Investigadoras (designadas rotativamente entre los miembros de la propia Junta) conducen la investigación preliminar, dictan acuerdos en sigilo y elaboran el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).
• La Magistratura Substanciadora, siendo miembro activo y permanente de la misma Junta de Gobierno, recibe el IPRA confeccionado por su homólogo, admite los cargos y emplaza a la persona juzgadora imputada.
• El Pleno de la Junta de Gobierno y Administración, auxiliado orgánicamente por la Sala Superior (con miembros que han transitado o transitan entre ambos órganos), funge como el tribunal de fallo encargado de aplicar la remoción e inhabilitación.

Esta concentración orgánica aniquila la teoría de las apariencias y la imparcialidad objetiva. La Junta de Gobierno actúa simultáneamente como parte acusadora y como juzgador superior; posee un interés corporativo preconstituido en confirmar sus propias hipótesis para evitar el escrutinio de sus resoluciones omisivas o de sus acuerdos irregulares. Un órgano estructurado de este modo carece de legitimidad de origen para juzgar a sus pares: no es un tribunal imparcial, sino una comisión disciplinaria endogámica.

2. Bloque de Garantías Penales en el Derecho Administrativo Sancionador

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido de manera vinculante en las tesis con registros digitales 200234, 2006590 y la Contradicción de Tesis 200/2013, que las garantías sustantivas y adjetivas del Derecho Penal son plenamente aplicables al Derecho Administrativo Sancionador (ius puniendi estatal), tales como la presunción de inocencia, la estricta legalidad, la proscripción de la analogía y la separación funcional de la acusación.

Cuando el objeto de un procedimiento disciplinario es la remoción de una persona juzgadora federal —lo que involucra la afectación directa a la garantía institucional de inamovilidad y a la independencia judicial— el estándar de exigencia garantista es máximo. Someter a una persona juzgadora a un juicio donde su acusador comparte acuerdos de gobierno matutinos con su instructor y con su eventual juez decisor constituye un fraude a la garantía del Juez Natural. La Segunda Sala de la SCJN ha sancionado con nulidad absoluta e insubsanable cualquier procedimiento local o federal donde un reglamento interior permita que una misma área u órgano colegiado investigue y resuelva la causa sancionadora.

III. DESNATURALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO Y LA VÍA DE HECHO ADMINISTRATIVA 

1. La Esencia Conservativa de la Suspensión frente a la Reserva Constitucional de Nombramiento

Uno de los agravios de mayor calado técnico articulados en el recurso disciplinario versa sobre la errónea subsunción de la medida cautelar de suspensión dictada en juicio de amparo indirecto. En los hechos auditados, la Autoridad Investigadora imputó falta administrativa grave a la persona juzgadora que se abstuvo de signar proyectos colegiados con una persona servidora pública cuyo nombramiento de diez años como Magistrado Supernumerario había fenecido de pleno derecho el 30 de abril de 2025 (Acuerdo G/JGA/46/2015 y artículo 44, último párrafo, de la Ley Orgánica del TFJA).

El argumento institucional de la Junta de Gobierno pretendió sostener que la obtención de una suspensión provisional y definitiva dentro del Juicio de Amparo Indirecto 859/2025 «prorrogaba automáticamente» las facultades jurisdiccionales del servidor público cesado. Esta postura confunde de forma dogmáticamente inaceptable la naturaleza cautelar del amparo:

• El artículo 138 de la Ley de Amparo define la suspensión como una providencia de orden público cuyo único fin es mantener viva la materia del litigio y conservar el status quo, impidiendo que la persona física sea desalojada materialmente de su plaza o privada de su salario.
• La suspensión tiene efectos estrictamente conservativos, no constitutivos de derechos. No genera un nuevo nombramiento constitucional, no prorroga la vigencia temporal fijada por el Constituyente o el legislador orgánico, ni sustituye el procedimiento soberano de designación a cargo del Presidente de la República y la ratificación del Senado de la República.
• La medida cautelar no tiene la fuerza jurídica de otorgar jurisdicción frente a los justiciables. Es una defensa tutelar subjetiva del quejoso frente a su empleador, pero bajo ninguna circunstancia puede operar como un salvoconducto para que una persona desprovista de nombramiento vigente emita sentencias coactivas que afecten la esfera jurídica de terceros.

2. La Inexistencia del «Acuerdo de Formalidades Habilitantes» Publicado en el DOF

Para que una orden jurisdiccional de suspensión surta efectos frente a la colectividad y se traduzca en una competencia válida dentro de un tribunal colegiado, se requiere inexorablemente de una cadena normativa de validez formal. La Junta de Gobierno y Administración tenía la obligación ineludible de sesionar y emitir un Acuerdo General de Habilitación y Adscripción en Cumplimiento de Medida Cautelar, y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tal como lo exige el mandato de publicidad registral y autoridad legalmente constituida (artículos 14, 16 y 31 de la Ley Orgánica del TFJA).

De hecho, la propia Junta de Gobierno había establecido una práctica institucional uniforme e ininterrumpida a través de la expedición y publicación en el DOF de múltiples acuerdos formalizadores (G/JGA/55/2020, G/JGA/58/2020, G/JGA/18/2022, G/JGA/9/2023, G/JGA/44/2024, G/JGA/7/2025 y G/JGA/10/2026). Sin embargo, en el caso analizado, la Junta omitió de forma deliberada expedir dicho acuerdo general publicado.

En su lugar, pretendió convalidar la permanencia del funcionario mediante oficios internos y circulares privadas emitidas por un Magistrado Visitador (Oficio JGA/CHRF/0731/2025), pretendiendo fundamentar la dispensa de publicación en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). Esto constituye una doble aberración:

• Inaplicabilidad por Materia: La LFPA regula exclusivamente los actos de la administración pública centralizada y paraestatal (artículo 1 de dicho cuerpo legal); es materialmente inaplicable para definir la integración de salas jurisdiccionales y el estatuto orgánico de juzgadores del TFJA, materia sujeta a reserva estricta de su Ley Orgánica.
• Configuración de Vía de Hecho: La actuación gubernativa sin el soporte del acuerdo publicado en el DOF consumó una vía de hecho administrativa. Un órgano colegiado integrado con un funcionario carente de nombramiento vigente publicado adolece de incompetencia de origen absoluta. Toda actuación, audiencia o sentencia dictada bajo ese esquema se encuentra afectada de nulidad radical e insubsanable. Exigir que una persona juzgadora firme con quien no tiene investidura pública no es un mandato de disciplina, sino una conminación a perpetrar un fraude procesal colectivo frente a los justiciables.

IV. DOGMÁTICA DISCIPLINARIA: ATIPICIDAD MANIFIESTA, RESISTENCIA CONSTITUCIONAL Y CULPABILIDAD

1. La Resistencia Normativa y la Objeción de Conciencia Jurídica

El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) pretendió encuadrar la conducta de la persona juzgadora disidente dentro de las fracciones V, VI y VII del artículo 44 de la Ley Orgánica del TFJA, acusándola de:

• «Abstención injustificada y reiterada de resolver expedientes».
• «Infracciones graves a la Constitución».
• «Falta de profesionalismo y observancia ética».

Dicha construcción dogmática es insostenible bajo el principio de estricta taxatividad (nullum crimen, nulla poena sine lege previa, scripta et stricta). Para la configuración de la falta tipificada en la fracción V, el elemento normativo objetivo del tipo exige de manera concurrente que la abstención se ejecute «sin causa justificada».

Cuando una persona juzgadora rehúsa estampar su firma en proyectos emanados de sesiones inexistentes o colegiados con personas cuyo título de investidura feneció, no incurre en abandono funcional: ejerce activamente la Resistencia Constitucional o la Objeción de Conciencia Jurídica. Esta figura dogmática encuentra asidero directo en el artículo 128 de la CPEUM, mediante el cual todo funcionario jura guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

La jurisprudencia y la doctrina son categóricas: la subordinación administrativa y la colegiación encuentran un límite infranqueable en el principio de legalidad. El aforismo "ex iniuria ius non oritur" consagra que ningún acto jurídico válido puede derivar de una transgresión al orden normativo superior. Convalidar a sabiendas actuaciones nulas o firmar minutas apócrifas actualizaría para el juzgador responsabilidades administrativas graves e incluso tipos penales federales (delitos contra la administración de justicia previstos en el artículo 225 del Código Penal Federal y falsedad procesal tipificada en el artículo 262 de la Ley de Amparo). Por consiguiente, la abstención motivada opera como una Causa Justificada de Exclusión de Responsabilidad en términos del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

2. Incongruencias Internas del IPRA y Ocultamiento Malicioso de Pruebas

El rigor científico del procedimiento disciplinario queda desmantelado por las propias inconsistencias materiales plasmadas en el expediente:

• La Destrucción de la Instigación: En el IPRA se formuló cargo por falta grave de Abuso de Funciones (artículo 57 de la LGRA), aduciendo que la persona juzgadora «indujo o coaccionó» a su personal subalterno (Secretarios de Acuerdos) a incurrir en parálisis y negligencia procesal. No obstante, en el punto resolutivo cuarto del mismo informe, la Autoridad Investigadora decretó el cierre y archivo definitivo a favor de los Secretarios de Acuerdos por acreditarse que su actuar fue lícito y regular. Si la conducta de los presuntos inducidos carece de antijuridicidad y fue legalmente archivada, la imputación de instigación colapsa por ausencia de objeto ilícito. Un mismo acto no puede ser calificado simultáneamente como lícito para los ejecutores y como falta grave de inducción para el titular.
• La Mutilación del Dictamen Pericial Oficial: La Autoridad Investigadora imputó un estado de «parálisis jurisdiccional y desapego al cargo», ocultando maliciosamente el dictamen pericial emitido por la Dirección General de Sistemas de Información (DGSI) y la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SOTIC) mediante el oficio JGA-SOTIC-DGSI-010/2026. Dicho dictamen oficial certificó que la ponencia disidente emitió 10,888 acuerdos procesales, siendo la segunda ponencia con mayor actividad de toda la Sala Regional. Suprimir deliberadamente del IPRA esta prueba documental de descargo constituye una flagrante vulneración al principio de lealtad procesal, objetividad investigadora y presunción de inocencia (artículo 111 de la LGRA).
• Reconocimiento Expreso de Ausencia de Dolo: En la página 65 del propio IPRA, al desglosar los elementos de la conducta, la Autoridad Investigadora asentó textualmente en el rubro de elemento subjetivo: «No hay». El derecho disciplinario contemporáneo proscribe de forma tajante la responsabilidad objetiva; sancionar o remover a un juzgador sin acreditar dolo o culpa grave violenta de manera insubsanable el parámetro interamericano (Caso Tribunal Constitucional vs. Perú, párrafos 71-77).

V. PATOLOGÍA DEL USO NORMAS ABROGADAS: ULTRAACTIVIDAD Y SIMULACIÓN DE SESIONES 

1. El Empleo Ilegal de Cuerpos Normativos Abrogados

El principio de exacta aplicación de la ley (artículo 14 de la CPEUM) proscribe sancionar con fundamento en normas que han sido expulsadas del orden jurídico. El expediente analizado documenta una práctica de arbitrariedad normativa: la Autoridad Investigadora y los Magistrados Visitadores sustentaron sus facultades de supervisión, los pliegos de observaciones y los requerimientos de apremio en el Reglamento de Vigilancia del Desempeño Jurisdiccional de 2013 (Acuerdo E/JGA/14/2013).

Dicho ordenamiento perdió todo vigor jurídico tras la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción de 2016, la expedición de la nueva Ley Orgánica del TFJA y la entrada en vigor del Reglamento Interior del TFJA de 2020 (Acuerdo SS/16/2020), cuyo Artículo Segundo Transitorio abrogó de forma expresa el Reglamento Interior de 2009 del extinto tribunal fiscal. Al extinguirse la ley matriz y el reglamento habilitante, el sistema adjetivo de vigilancia de 2013 se convirtió en la «nada jurídica».

Continuar utilizando un reglamento abrogado no constituye una mera deficiencia técnica. Una vez que las autoridades fueron notificadas formalmente de dicha abrogación mediante diversos oficios institucionales (tales como los oficios 07-3-2-30464/25, 26-1-2-20808/25, 26-1-2-3836/26 y 26-1-2-9757/26), la insistencia contumaz en emplearlo para amenazar a personas juzgadoras transmutó la negligencia en dolo prevaricador (artículo 225, fracciones VI y VII del Código Penal Federal). De igual forma, pretender disciplinar la libertad de expresión académica y de investigación invocando el Código de Ética de 2011 (superado por el régimen de integridad del artículo 16 de la LGRA) representa un ejercicio de censura previa violatorio de los artículos 1, 6 y 7 de la CPEUM y 13 de la CADH (Caso Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina).

La insistencia contumaz en fundar actos punitivos en normas que ya no forman parte del ordenamiento jurídico positivo, tras haber sido advertidas formalmente de su abrogación, trasciende la impericia técnica y linda en la arbitrariedad deliberada.

2. La Simulación Fáctica: Las «Firmas por Separado» y las Sesiones Inexistentes

El expediente y la denuncia entrelazada acreditan una práctica que destruye el corazón mismo de la colegiación judicial: la emisión de sentencias de Salas Regionales sin previa sesión deliberativa. El artículo 31 de la Ley Orgánica del TFJA exige la presencia indispensable de los tres Magistrados para la validez de los acuerdos de sala, imponiendo la publicidad y la transmisión electrónica de las deliberaciones.

La práctica viciada de elaborar minutas en privado, circular carpetas por los pasillos para recabar firmas aisladas de ponencias («firmas por separado») y estampar la leyenda formal de que el asunto «se resolvió en sesión plenaria de fecha determinada» constituye una falsedad material y acredtia la existecia de uns sistema paralelo material e ilegal de actividad jurisdiccional. Como consta en el oficio 07-03-2-35007/25 del 5 de junio de 2025, la persona juzgadora devolvió íntegramente las actas y proyectos aprobados de forma apócrifa en mayo de 2025, requiriendo expresamente la compulsa con las videograbaciones del sistema institucional para demostrar que el Pleno jamás se reunió.

Más grave aún: las actas de hechos confeccionadas unilateralmente los días 6, 7 y 8 de mayo de 2025, donde se asentó que la persona juzgadora «se negó a firmar en las instalaciones del Tribunal en Guadalajara ante el Secretario de Acuerdos», adolecen de imposibilidad física absoluta, puesto que mediante pases de abordar e itinerarios oficiales de vuelo se demostró que el juzgador se encontraba fuera del Estado por comisión y traslado formal del 30 de abril al 9 de mayo de 2025. Construir un pliego acusatorio sobre actas materialmente apócrifas no solo invalida el procedimiento administrativo por la regla de exclusión de prueba ilícita (artículo 20, Apartado A, fracción IX de la CPEUM), sino que configura delitos contra la administración de justicia y abuso de autoridad.

VI. ANÁLISIS PSICO-JURÍDICO DEL MAL DISEÑO: LA ACTUALIZACIÓN DEL «EFECTO LUCIFER»

La ciencia jurídica resulta insuficiente si no se nutre de la psicología social para comprender por qué los sistemas institucionales derivan en conductas corporativas abusivas. En su obra clásica El efecto Lucifer: comprender cómo las personas buenas se vuelven malas (2007), Philip Zimbardo sistematizó las condiciones que permiten que personas ordinarias, envestidas de funciones institucionales, ejecuten actos de hostigamiento sistemático y vulneración a los derechos fundamentales.

Dimensión del Efecto Lucifer	Manifestación en la Estructura del TFJA	Consecuencia en la Función Judicial
Opacidad Institucional	Sesiones a puerta cerrada; falta de repositorios digitales; ausencia de justicia abierta.	Desindividualización: La responsabilidad moral se disuelve en órganos colegiados.
Normalización del Ilícito	Uso de normas abrogadas (2013); centones jurídicos; firmas de pasillo.	Ruptura Ética: La lealtad corporativa se impone sobre la supremacía constitucional.
Inversión Axiológica	El juzgador independiente es clasificado como «enemigo» o «insubordinado».	Inversión Disciplinaria: El aparato de control castiga la denuncia y el libre pensamiento.
Expulsión Punitiva	Auditorías a modo; hostigamiento procesal; remoción injustificada.	Censura Académica: Sofocamiento de la independencia judicial individual.

El denominado «Efecto Lucifer» no se explica por la maldad individual intrínseca de los agentes, sino por la arquitectura patológica del entorno sistémico que los cobija.

1. La Desindividualización y la Difusión de la Responsabilidad Moral

En los cuerpos colegiados endogámicos como la Junta de Gobierno y Administración y, la Sala Superior, los miembros actúan cobijados por la figura de la entidad corporativa. Al adoptar acuerdos violatorios del orden constitucional (como avalar la actuación de juzgadores con nombramiento fenecido o desestimar quejas fundadas), el juicio moral del individuo se diluye en la firma colectiva. Nadie asume la autoría directa de la arbitrariedad; el servidor público se concibe a sí mismo únicamente como «una pieza operativa que acata la inercia administrativa», suprimiendo la censura ética individual y genera despersonalización.

2. La Normalización del Desvío Burocrático

Cuando una irregularidad procesal se practica reiteradamente sin sanción, la institución la normaliza (desviación normalizada). Dictar fallos sin deliberación, debate público, simular que se sesionó mediante firmas recogidas en secretaría o aplicar un reglamento derogado de 2013 se convierten en «usos y costumbres aceptados». Bajo esta lógica patológica, la transgresión no es vista como un ilícito, sino como una necesidad pragmática para sostener las metas cuantitativas del modelo fordiano. Este sistema de gestión prágmático es contrario a los establecido en le régimen jurídico de la impartición de justicia. Es una via de hecho pero no de derecho (de facto, sed non de iure).

3. La Inversión Axiológica y la Creación del «Enemigo Interno»

La mayor degradación del sistema ocurre cuando opera una transmutación kafkiana de los roles institucionales:

• El operador judicial que exige la observancia estricta del artículo 31 de la Ley Orgánica, que denuncia la intrusión cibernética en plataformas jurisdiccionales (SICSEJ), que rechaza firmar con quien carece de investidura pública y que escribe ensayos doctrinales demandando justicia abierta, es percibido por la burocracia como un elemento disonante, peligroso e intolerable.
• La maquinaria disciplinaria del tribunal invierte los valores: el cumplimiento del deber legal de denunciar (previsto en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 49 de la LGRA) es reclasificado maliciosamente como «insubordinación», «daño a la imagen institucional» o «falta de liderazgo».
• El aparato de control abandona su función ética y se transforma en un brazo de represión para castigar el libre pensamiento, expulsar a la persona juzgadora independiente y proteger a las redes corporativas que operan al amparo de la opacidad.
• El diseño del TFJA en 2016 impuso el modelo jurídico que es la base de la patología institucional, fortalecido por operadores que con disminuidad capacidades intelectuales jurídicas, tienen libertad de imponer su voluntad arbitrariamente.

VI. COSTO DE LA DESVIACIÓN TELEOLÓGICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

1. Incremento del interés económico controvertido. 

La fuente original de esos datos estadísticos son los Informes de Actividades y Rendición de Cuentas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de México, específicamente los correspondientes al cierre del periodo de gestión de los magistrados mencionados.

En el periodo 2016–2019, bajo las presidencias del Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo y del Magistrado Carlos Chaurand Arzate, el interés económico litigioso pasó de un monto inicial de 580 mil millones de pesos a 785 mil millones de pesos, lo que representó un incremento absoluto de 205 mil millones de pesos, equivalente a un aumento relativo del 35.34%. 

En el periodo 2020–2022, durante la gestión del Magistrado Rafael Anzures Uribe, el monto en controversia se elevó de 785 mil millones de pesos a 1 billón 50 mil millones de pesos, sumando un incremento neto de 265 mil millones de pesos, que significó un alza del 33.76% en dicho tramo.

En el periodo 2023–2025, correspondiente a la administración del Magistrado Guillermo Valls Esponda, el saldo controvertido transitó de 1 billón 50 mil millones de pesos a 1 billón 380 mil millones de pesos, agregando 330 mil millones de pesos adicionales, equivalente a un incremento del 31.43%.

En el total global consolidado de 2016 a 2025, a lo largo de tres administraciones consecutivas, el interés económico controvertido creció de 580 mil millones a 1 billón 380 mil millones de pesos: un incremento absoluto de 800 mil millones de pesos y un alza porcentual acumulada del 137.93%.

2. Variables necesarias para el modelo de cálculo

Es posible estimar cuánto ha dejado de percibir (o el costo financiero y de oportunidad) para el Estado mexicano, aunque para modelarlo con precisión actuarial y fiscal se deben descomponer tres conceptos cuantitativos distintos, ya que el monto en litigio no equivale automáticamente a recursos 100% cobrables.

3. Informe Tributario y de Gestión

Para construir la fórmula de estimación hemos usado como fuente el Informe Tributario y de Gestión, Dentro de estos reportes técnicos, el área jurídica del SAT evalúa el indicador denominado "Efectividad de Juicios Definitivos". Dicho porcentaje consolida las sentencias emitidas tanto por las Salas Regionales y la Sala Superior del TFJA como por los Tribunales Colegiados de Circuito en última instancia. Hemos establecido se requieren cuatro parámetros esenciales:

1. Tasa de efectividad procesal o efectividad fiscal: Porcentaje histórico de sentencias definitivas favorables al fisco (SAT/Hacienda). Históricamente en el TFJA y tribunales colegiados, la tasa favorable a la autoridad se ha situado en rangos del 55% al 65%(en monto o número de asuntos).
2. Duración promedio del ciclo procesal (en años): Tiempo transcurrido desde la interposición del juicio contencioso administrativo federal hasta la resolución del último medio extraordinario de defensa (amparo directo o recurso de revisión fiscal). Si este tramo se ha ampliado de un promedio típico de 1.5–2 años a 3, 4 o más años, el costo temporal se dispara.
3. Costo de oportunidad / Tasa de descuento o fondeo público:Rendimiento que el erario deja de captar o el costo en el que incurre por financiar el gasto público mediante deuda al no disponer de esos recursos en tiempo presente (referenciado usualmente a la tasa de Cetes a 28/364 días o el costo de fondeo gubernamental, e.g., 7% a 11% anual).

El artículo 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación (CFF) contempla actualización por INPC y recargos por mora. Si la autoridad gana, en teoría recupera el principal actualizado más recargos (con topes legales); no obstante, si el contribuyente entra en insolvencia, liquidación o evasión durante el litigio prolongado, la incobrabilidad material aumenta.

4. Dimensiones de lo que "deja de percibir" el Estado

Dimensión de pérdida	Concepto	Mecánica de cálculo
Pérdida por costo de oportunidad financiero	Rendimiento financiero o costo del servicio de la deuda por no tener los ingresos en el ejercicio devengado.
Pérdida por deterioro de cobrabilidad (Riesgo moral y quiebras)	A mayor dilación procesal, mayor probabilidad de que las empresas causantes se extingan, queden insolventes o vacíen activos.
Brecha frente a recargos fiscales netos	Si la tasa de inflación + costo de fondeo supera la tasa real cobrada tras negociaciones o condonaciones implícitas/acuerdos.	Diferencial de tasa libre de riesgo vs. valor real recuperado al cierre del juicio.

5. Estimación preliminar de escenarios

Saldo controvertido: Tomando como base el saldo controvertido de 1.38 billones de pesos (1,380 mil millones de pesos) a 2025.

1. Escenario de Cobro Esperado Base: El capital litigioso efectivamente recuperable en expectativa representaría: un billón 380 mil millones de pesos X 0.60 = 828 mil millones de pesos.
2. Costo de Oportunidad Anual por Retraso: Si por cada año adicional promedio de rezago procesal se considera una tasa conservadora de fondeo/costo de capital del 8% anual: 828 mil millones de pesos X 8% = 66, 240 millones de pesos al año.
3. Costo de Oportunidad Anual: El Estado deja de disponer de liquidez inmediata equivalente a más de 66 mil millones de pesos por cada año que se posterga la firmeza de las sentencias sobre dicho saldo acumulado. Entre 2016-2026 sumaria un aproximado de 660 mil millones de pesos. 

Crecimiento de inventario: El crecimiento del inventario en controversia (+800 mmdp) implica que el fisco mantiene inmovilizados, en expectativa favorable de cobro, cerca de 480 mil millones de pesos adicionales respecto a 2016, generando una presión directa sobre las metas de recaudación no tributaria y liquidez presupuestal. En 2026 llegará a 534 mil millones de pesos aproximadamente. 

6. Observaciones Críticas y Ajustes de Precisión

1. Datos base del inventario en 2016: Mientras el ejercicio toma como base $580\text{ mmdp}$, los registros institucionales y memorias del TFJA reportaban para 2016 un interés económico controvertido reconocido en torno a los $520\text{ mil millones de pesos}$.

2. Si se utilizara la base de $520\text{ mmdp}$, el incremento global a 2025 ($1,380\text{ mmdp}$) ascendería a $860\text{ mmdp}$ ($+165.38\%$). 

El desglose de variables (efectividad procesal del SAT de entre 55% y 65%, tasa de fondeo público entre 7% y 11%, deterioro por insolvencia y costo de mora) sigue rigurosamente la metodología financiera y actuarial para cuantificar el costo de oportunidad del rezago judicial fiscal.

Una década perdida (2016-2026) y congelamiento de recaudación acumulado de 480 mil millones de pesos adicionales (2016-2025), con la prospectiva de cerrar en el 2026 en 534 mil millones de pesos aproximadamente. Si se utilizara la base de $520\text{ mmdp}$, el incremento global a 2025 ($1,380\text{ mmdp}$) ascendería a $860\text{ mmdp}$ ($+165.38\%$), con una prospectiva en 2026 aproximadamente 950 mdp.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE REFUNDACIÓN DEMOCRÁTICA

1. Inconstitucionalidad Radical del Procedimiento: El procedimiento de remoción instaurado en el expediente JGA-PRA-012/2026-02 se encuentra viciado de nulidad lisa y llana por infracción directa a los artículos 14 y 16 de la CPEUM y 8.1 de la CADH. La Junta de Gobierno y Administración carece de competencia e imparcialidad objetiva para actuar como órgano acusador y juzgador a la vez.
2. Inexistencia Dogmática de la Falta Disciplinaria: La abstención motivada de firmar acuerdos con servidores públicos cuyo mandato legal expiró y respecto de proyectos originados en sesiones inexistentes no constituye infracción al artículo 44 de la Ley Orgánica del TFJA, sino el legítimo ejercicio de la Resistencia Constitucional y la observancia del juramento republicano (artículo 128 constitucional). Se configura plenamente la Causa Justificada de Exclusión de Responsabilidad prevista en el artículo 100 de la LGRA.
3. Ilicitud Probatoria e Insubsanabilidad Fáctica: La fundamentación en ordenamientos abrogados (Reglamento de Vigilancia de 2013 y Código de Ética de 2011), la supresión de pruebas periciales oficiales de productividad (oficio SOTIC-DGSI-010/2026) y la incorporación de actas de hechos redactadas bajo comprobada imposibilidad física vician de ilicitud e ineficacia radical todo el acervo de cargo.
4. Urgencia de la Refundación: Hacia la Justicia Abierta: Como se expone en TFJA: Reflexiones para la reforma, es imperativo transitar del decadente modelo de «Justicia Fordiana» a un auténtico modelo de Justicia Abierta. Ello exige:
   • La transmisión pública en tiempo real de todas las sesiones de Salas Regionales y Sala Superior.
   • La erradicación absoluta de las «firmas por separado» y del «centón jurídico».
   • La separación orgánica e irreconciliable de los órganos disciplinarios respecto del órgano de gobierno administrativo, dotándolos de autonomía técnica real.
   • El reconocimiento pleno del derecho humano a comprender y la protección inviolable de la independencia judicial frente a las represalias burocráticas del poder interno.
5. Metas de recaudación. El crecimiento del inventario en controversia implica que el Estado mexicano mantiene inmovilizados, en expectativa favorable de cobro de 60%, cerca de 480 mil millones de pesos adicionales respecto a 2016, generando una presión directa sobre las metas de recaudación no tributaria y liquidez presupuestal.

Solo la luz pública de la transparencia y la sujeción incondicional a la Constitución son capaces de disipar las tinieblas de la arbitrariedad y desmantelar, de raíz, el «Efecto Lucifer» que amenaza con extinguir la dignidad de la justicia administrativa en México. No existe un poder correctivo ilimitado ni un ámbito de discrecionalidad burocrática exento del control de regularidad constitucional y convencional.