Con la finalidad de facilitar la lectura, al final del ensayo está un glosario.
Parte I
El incremento del Interés Económico Controvertido (IEC), que transitó de poco más de $380,000 mdp en 2011 a superar los $1.3 billones de pesos en 2025, no fue producto de un crecimiento inercial de la litigiosidad ordinaria, sino de una serie de hechos y decisiones institucionales concretas operadas desde el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa y su interacción con las políticas de fiscalización federal.
El artículo 48 de la LFPCA no fija una cantidad sino que delega en el Pleno de la Sala Superior la determinación de un criterio y monto mínimo para ejercer la facultad de atracción. Entre 2011 y 2020, el Pleno General emitió acuerdos periódicos en el Diario Oficial de la Federación donde determinó la cantidad para ejercer la facultad de atracción sin diagnóstico, evaluación o método, lo que disparó el Interés Económico Controvertido (IEC).
Al mantener umbrales nominales accesibles para el tamaño del litigio corporativo (montos base equivalentes a decenas o cientos de millones de pesos frente a créditos fiscales que promediaban miles de millones), la facultad de atracción capturó una mayor cantidad de juicios, desvirtuando un mecanismo que la ley concibió como excepcional.
La reforma a las facultades de las Secciones en la Ley Orgánica de 2016 y la especialización, con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la expedición de la nueva Ley Orgánica del TFJA rediseñó la competencia de la Primera y Segunda Secciones de la Sala Superior (artículo 18, fracciones I y II), ratificando su facultad expresa para resolver juicios atraídos por cuantía o importancia y trascendencia, mientras que la Tercera Sección se reservó para faltas administrativas graves.
Las dos primeras secciones atrajeron casi por completo los litigios de cuantía masiva, en lugar de desconcentrar la materia fiscal y aduanera. El Pleno y las Secciones consolidaron criterios internos para admitir peticiones de atracción de forma casi automática cuando la demanda provenía de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC).
En 2017 se incorporó a la LFPCA el Capítulo X bis para regular el Juicio Exclusivo de Fondo (artículos 58-16 a 58-29), destinado a litigios que superaran las 200 veces la UMA elevada al año (alrededor de decenas de millones de pesos) donde no se debatieran cuestiones formales, sino la sustancia económica y la materialidad de las operaciones.
Aunque formalmente se facultó a salas especializadas para tramitarlo, la Sala Superior ejerció de forma prioritaria la facultad de atracción sobre los juicios de fondo promovidos por grandes conglomerados bajo el argumento de que la interpretación de conceptos como "razón de negocios", "estricta indispensabilidad" y "beneficio económico" constituían criterios de “trascendencia nacional”. Lo anterior ocasionó, que la Sala Superior concentrara créditos fiscales derivados de reestructuraciones corporativas multinacionales, elevando de golpe el promedio del monto económico de cada expediente radicado en sus ponencias.
SAT-TFJA
A partir de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) modificó radicalmente su estrategia de fiscalización: abandonó las revisiones masivas a pequeños causantes para concentrarse en el cobro de adeudos históricos, auditorías de precios de transferencia y liquidaciones directas a los grandes grupos empresariales (banca, minería, acereras, telecomunicaciones, energía y grandes cadenas de autoservicio).
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la AGGC del SAT adoptaron la directriz de solicitar la atracción de la Sala Superior en los juicios promovidos por grandes contribuyentes, sustentados el artículo 48 de la LFPCA. En lugar de rechazar las solicitudes para preservar la garantía del juez natural en las Salas Regionales, las Secciones admitieron prácticamente todas las peticiones hacendarias.
Entre 2021 y 2024, el interés litigado atraído creció a un ritmo superior al 45% anual, explicando por qué en 2024 y 2025 la Sala Superior llegó a retener más de $450,000 a $500,000 mdp, equivalentes a varios puntos porcentuales del PIB nacional. El TFJA demostró su debilidad institucional al no tener la capacidad de distribución técnica de los asuntos, sin demérito de las deficiencias estructurales y uso de normas abrogadas.
Cuando un asunto promovido por un gran corporativo no encuadraba estrictamente en los tabuladores numéricos de UMA emitidos por el Pleno, la Sala Superior comenzó a utilizar de manera recurrente la fórmula abierta del artículo 48 de “características especiales y trascendencia”. Esa discrecionalidad, incrementó el interés económico controvertido, detonado por el inadecuado modelo jurídico pero también por el factor humano que no acertó a establecer una interpretación jurídica o técnica.
Bastaba que el acto impugnado fuera emitido por una unidad administrativa central de la SHCP (como la Administración General de Hidrocarburos o de Auditoría de Comercio Exterior) para que la Sala Superior considerara configurada la “trascendencia”, marginando a la Sala Regional instructora. Este criterio lejos de beneficiar el interés público y la impartición de justicia administrativa, incrementó el IEC y beneficio a los grandes contribuyente.
Se cerró el paso para que cualquier Sala Regional de los estados dictara sentencia de fondo contra una resolución de las administraciones generales del SAT, centralizando el capital controvertido en la Sala Superior.
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Periodo |
Hecho Concreto de Sala Superior/Normativo |
Impacto en el Interés Controvertido |
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2011-2015 |
Umbrales bajos en acuerdos de cuantía del Pleno y proliferación de atracción por controversias del IETU y consolidación fiscal. |
Crecimiento constante de los montos atraídos de $380,000 mdp a más de $530,000 mdp. |
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2016-2018 |
Reconfiguración de la LOTFJA y adopción de la atracción sobre los nuevos Juicios Exclusivos de Fondo de alta cuantía. |
Salto a más de $630,000 mdp; concentración del debate sobre precios de transferencia en 10 ponencias. |
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2019-2025 |
Admisión casi automática de las solicitudes de atracción del SAT frente a auditorías agresivas a multinacionales (minería, energía, retail y telecomunicaciones). |
Explosión vertical: El monto global escaló de $695,000 mdp a más de $1.3 billones de pesos, concentrando en la cúpula el equivalente a más del 5% del PIB nacional. |
Con los Informes Anuales de Labores de la Presidencia del TFJA, las memorias estadísticas de la Junta de Gobierno y Administración (SCSJ y Sistema de Justicia en Línea) y los balances hacendarios de litigiosidad, es posible desglosar el interés económico controvertido entre lo radicado en la Sala Superior (Primera y Segunda Secciones por atracción y competencia originaria) y lo sustanciado en las Salas Regionales (ordinarias, auxiliares y especializadas).
En 2011, la Sala Superior concentraba el 22% del interés controvertido nacional. Hacia 2026, dicha cifra es aproximadamente el 40% de todo el dinero litigado ($538 mil millones de pesos). Esto significa que 10 magistrados de Sala Superior deciden sobre casi cuatro de cada diez pesos en disputa y 150 magistrados regionales distribuidos en más de 50 salas reparten el 60% restante.
El salto abrupto registrado a partir de 2024 (donde el monto en Sala Superior pasó de $292 mil millones a más de $456 mil millones) refleja el embudo generado por las resoluciones de la Administración General de Grandes Contribuyentes y de Hidrocarburos del SAT, cuyas auditorías multimillonarias fueron atraídas casi en su totalidad sustentadas en el artículo 48 de la LFPCA. Estos hechos deberían se investigados.
Distribución en Salas Regionales
El monto en Salas Regionales creció nominalmente alcanzando aproximadamente los $827 mil millones en 2026, dicho valor se encuentra en cientos de miles de expedientes de menor cuantía, lo que confirma que la Sala Regional absorbe la carga operativa masiva mientras que la Sala Superior retiene la masa crítica de capital. Lo anterior sin existir un fundamento jurídico que lo determine por lo que es contrario al interés público.
Distingamos la facultad de atracción como excepción procesal de sus distorsión como facultad discresional que generó la concentración indebida del interés económico controvertido.
Las salas regionales incumplen con lo establecido en el régimen jurídico de la impartición de justicia administrativa por problemas estructurales, de criterio jurídico, de gobierno interior del TFJA, opacidad, desvío de poder normalizado que indica la existencia de una crisis, aunque se niegue.
Inexiste el TFJA si las Salas Regionales no sesionan. La concentración del IEC en la Sala Superior, es evidencia de que el modelo está agotado y es necesaria la refundación del TFJA. De igual forma el factor humano ha propiciado la crisis y en gran medida la ha ocultado.
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Ejercicio / Año |
Monto en Sala Superior (Secciones / Atracción) |
% Sala Superior |
Monto en Salas Regionales (Todo el país) |
% Salas Regionales |
Total Nacional Controvertido (TFJA) |
Variación Anual Total (%) |
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2011 |
$84,139 mdp |
22.0% |
$298,311 mdp |
78.0% |
$382,450 mdp |
— (Año base) |
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2012 |
$93,420 mdp |
22.5% |
$321,780 mdp |
77.5% |
$415,200 mdp |
+8.56% |
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2013 |
$104,524 mdp |
23.3% |
$344,076 mdp |
76.7% |
$448,600 mdp |
+8.04% |
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2014 |
$120,804 mdp |
24.4% |
$374,296 mdp |
75.6% |
$495,100 mdp |
+10.37% |
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2015 |
$135,354 mdp |
25.5% |
$395,446 mdp |
74.5% |
$530,800 mdp |
+7.21% |
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2016 |
$153,611 mdp |
26.2% |
$432,689 mdp |
73.8% |
$586,300 mdp |
+10.46% |
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2017 |
$166,573 mdp |
27.2% |
$445,827 mdp |
72.8% |
$612,400 mdp |
+4.45% |
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2018 |
$180,373 mdp |
28.2% |
$459,248 mdp |
71.8% |
$639,621 mdp |
+4.45% |
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2019 |
$205,113 mdp |
29.5% |
$490,187 mdp |
70.5% |
$695,300 mdp |
+8.71% |
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2020 |
$231,198 mdp |
31.0% |
$514,602 mdp |
69.0% |
$745,800 mdp |
+7.26% |
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2021 |
$254,965 mdp |
32.6% |
$527,135 mdp |
67.4% |
$782,100 mdp |
+4.87% |
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2022 |
$267,086 mdp |
33.7% |
$525,455 mdp |
66.3% |
$792,541 mdp |
+1.33% |
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2023 |
$292,575 mdp |
35.0% |
$543,355 mdp |
65.0% |
$835,930 mdp |
+5.47% |
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2024 |
$456,032 mdp |
37.0% |
$776,487 mdp |
63.0% |
$1,232,519 mdp |
+47.44% |
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2025 |
$504,177 mdp |
38.5% |
$805,374 mdp |
61.5% |
$1,309,551 mdp |
+6.25% |
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2026 (corte) |
$538,000 mdp |
39.4% |
$827,000 mdp |
60.6% |
$1,365,000 mdp |
+4.23% |
Entre 2011–2023 (doce años), el crecimiento anual del interés económico controvertido osciló entre el 1.33% y el 10.46%, manteniendo una tasa media compuesta de expansión moderada alineada a la inflación y al crecimiento ordinario del inventario jurisdiccional.
El colapso estructural de 2024 (+47.44%), representa el mayor salto en la historia del TFJA (+396,589 mdp en un solo ejercicio). Este incremento atípico fue detonado por la culminación y judicialización masiva de auditorías de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) y de Hidrocarburos del SAT contra grandes conglomerados corporativos, las cuales fueron atraídas por la Sala Superior.
La consolidación en niveles de billón de pesos fue entre 2025 y 2026, después del incremento de 2024, el monto total se estabilizó por encima de los 1.3 billones de pesos, con incrementos anuales más moderados (+6.25% y +4.23%), pero consolidando a la Sala Superior como el centro de retención de casi 4 de cada 10 pesos controvertidos en el país.
La década perdida
El balance entre 2016 y 2026 permite sostener de manera sólida y rigurosa la tesis de “la década perdida” del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo que inició a mediados de 2016 con la gran promesa democratizadora de la reforma constitucional anticorrupción -que transformó al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en un TFJA dotado formalmente de autonomía constitucional y facultades sancionadoras sobre faltas graves- concluye en 2026 con la parálisis orgánica, hipertrofia centralista, desvío de poder normalizado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, opacidad endémica y regresión jurisdiccional. Es más un tribunal de criterios económicos que jurídicos.
El monto del Interés Económico Controvertido en el TFJA equivale a casi 37 años de presupuesto del INE. En un año con elecciones federales concurrentes de alta complejidad, el presupuesto ordinario y operativo del INE ronda los $37,000 mdp aproximadamente. Con $1,365,000 mdp o 1.36 billones, podrían organizar y operar los procesos electorales, credencialización y financiamiento de partidos políticos del país por casi cuatro décadas consecutivas sin necesidad de un solo peso extra.
Cabe distinguir entre interés económico controvertido y presupuesto, lo que quiero resaltar es la dimensión del monto. Equivale al presupuesto anual de Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Yucatán y Campeche, con una fracción sobrante de 10 mil millones de pesos.
La SHCP recupera el 80% en los grandes litigios y el 55.8% en los expedientes individuales, lo que quiere decir que estamos ante la ineficacia de la actividad jurisdiccional y un problema grave.
El valor del dinero en el tiempo (VDI) del interés económico controvertido incrementado por concentración por la equivocada aplicación de la discrecionalidad en ejercer la facultad de atracción, es financieramente destructivo para el Estado.
Fracaso del modelo vigente del TFJA
El comportamiento del dinero en litigio durante la década (2016-2026) es el síntoma más contundente del fracaso del diseño institucional. En 2016 el monto controvertido rondaba los $586,300 mdp pero para el cierre de 2026 superará los $1.36 billones de pesos (un incremento nominal acumulado superior al 130%), representando más de 5 puntos del PIB nacional.
En lugar de desconcentrar las decisiones en las entidades federativas, la Sala Superior pasó de retener el 26.2% del monto nacional en 2016 a concentrar cerca del 40% en 2026 (más de $538,000 mdp).
Diez juzgadores/magistrados de Sección en la Ciudad de México concentraron el arbitrio de los activos fiscales y corporativos más relevantes del país, estableciendo una justicia asimétrica con relación a las más de 50 Salas Regionales al desnaturalizarlas en juzgados de trámite menor.
Al mantenerse umbrales sin diagnóstico, criterio jurídico o método en los acuerdos de atracción por cuantía (artículo 48 de la LFPCA), el litigio sobre grandes sumas se convirtió en un “foro de conveniencia” entre la alta burocracia hacendaria y un selecto grupo de despachos corporativos.
Falacia Digital y el Rezago
Presentado en 2020-2021 como la gran modernización informática, el SJL 2.0 acumuló fallas de interoperabilidad, saturación de servidores, brechas de ciberseguridad e interrupciones en la presentación oportuna de promociones. Lejos de democratizar el acceso remoto, obligó a los litigantes a recurrir nuevamente al litigio tradicional en papel.
Diseñados para reducir tiempos procesales a menos de seis meses, hacia 2026 los juicios sumarios promedian de 12 a 18 meses, y los juicios ordinarios en Salas Regionales acumulan rezagos que superan los 2 a 3 años de sustanciación, violando la garantía de tutela judicial pronta y expedita del artículo 17 constitucional.
Opacidad
El cierre de la década se caracteriza por una regresión por la violación sistemática del artículo 31 de la LOTFJA. A pesar del mandato expreso de máxima publicidad y justicia abierta, el TFJA mantuvo barreras tecnológicas y operativas para consultar sentencias íntegras, versiones públicas estructuradas y deliberaciones de ponencias, consolidando una cultura de cerrazón y simulación institucional.
El incumplimiento del principio de justicia abierta y la aplicación incorrecta de la facultad de atracción, son decisiones de la Sala Superior y la Junta de Gobierno y Administración del TFJA, lo que acredita responsabilidades a los operadores de justicia.
El 2026 cierra formalmente una década en la que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tuvo el mandato constitucional y la oportunidad histórica de erigirse en el gran tribunal contencioso de control del poder y garantía ciudadana, pero optó por replegarse en la centralización burocrática, la protección de los intereses económicos y el inmovilismo normativo.
Glosario
El documento analiza el fenómeno de centralización de litigios fiscales multimillonarios en la cúpula del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), evidenciando cómo el uso reiterado de la facultad de atracción debilito facultades resolutivas de las Salas Regionales y es una desviación normaliza de poder.
Conceptos Económicos, Presupuestales y Métricas
Interés Económico Controvertido (IEC): La suma total de dinero que está en disputa en los juicios del tribunal. Representa el valor económico que el fisco pretende cobrar frente a lo que los contribuyentes defienden.
Monto por cuantía: El valor en dinero de un juicio. Se utiliza formalmente como filtro para clasificar si un asunto es de menor o mayor impacto económico.
UMA (Unidad de Medida y Actualización): Unidad oficial de valor económico en pesos que se utiliza en México para fijar multas, pagos y topes legales sin usar el salario mínimo.
PIB (Producto Interno Bruto): La suma del valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por el país en un año; sirve en el texto para dimensionar el tamaño gigantesco del dinero litigado.
Valor del dinero en el tiempo (VDT / VDI): Principio financiero que señala que un peso hoy vale más que un peso en el futuro debido a la inflación y al costo de oportunidad. Mientras un juicio tarde años en resolverse, el dinero congelado pierde valor adquisitivo para el erario.
Órganos, Autoridades e Instituciones
TFJA (Tribunal Federal de Justicia Administrativa): Órgano judicial federal encargado de resolver las demandas y pleitos legales entre los ciudadanos o empresas y las autoridades del Gobierno Federal (antes llamado TFJFA).
Sala Superior: El órgano directivo y de mayor jerarquía dentro del TFJA, integrado por magistrados organizados en el Pleno y en Secciones resolutoras.
Salas Regionales: Los juzgados del TFJA distribuidos físicamente en los estados del país para atender las demandas locales de los ciudadanos.
Junta de Gobierno y Administración (JGA): El órgano administrativo interno del TFJA encargado de gestionar el presupuesto, los sistemas informáticos, las plazas de personal y la vigilancia operativa del tribunal.
SAT (Servicio de Administración Tributaria): Órgano de la SHCP responsable de auditar y cobrar los impuestos federales.
AGGC (Administración General de Grandes Contribuyentes): Área técnica de élite del SAT encargada de auditar exclusivamente a los corporativos, bancos y empresas más poderosas de México.
PFF (Procuraduría Fiscal de la Federación): Abogados del Gobierno Federal encargados de litigar y defender el interés del erario ante los tribunales.
Procedimiento y Derecho Procesal Fiscal
Facultad de atracción: Cláusula procesal (prevista en el artículo 48 de la ley) que permite a la Sala Superior quitarle un expediente a una Sala Regional para dictar ella misma la sentencia definitiva, alegando alta cuantía o trascendencia especial.
Juez natural: Garantía constitucional de todo ciudadano a ser juzgado por el tribunal local legalmente establecido y asignado por ley antes del conflicto, sin que le cambien el juez arbitrariamente a conveniencia del Estado.
LFPCA: Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, norma adjetiva que detalla los pasos, plazos y reglas para tramitar los juicios de nulidad.
LOTFJA: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, norma que define cómo se organiza internamente el tribunal, sus salas y sus magistrados.
Crédito fiscal: El adeudo formal determinado por la autoridad tributaria tras una auditoría (impuestos omitidos, actualizaciones, recargos y multas).
Juicio Exclusivo de Fondo: Vía procesal creada en 2017 para resolver pleitos de gran tamaño económico enfocándose directamente en la realidad de la operación contable, prohibiendo discutir errores formales de trámite.
Precios de transferencia: Reglas y auditorías fiscales para vigilar que las empresas transnacionales no alteren los precios entre sus filiales internacionales para trasladar ganancias al extranjero y evadir impuestos en México.
Razón de negocios / Materialidad de operaciones: Conceptos fiscales mediante los cuales el fisco evalúa si una operación corporativa tuvo una justificación comercial real o si fue simulada en papel solo para deducir impuestos.
Patologías Institucionales y Crítica Jurisdiccional
Captura institucional: Fenómeno en el que un órgano del Estado es cooptado o alineado por grupos de interés privados o burocráticos para servir a fines particulares en lugar del interés colectivo.
Foro de conveniencia (Forum Shopping): Maniobra procesal mediante la cual una de las partes busca canalizar el juicio ante el tribunal o jueces que considera más predecibles o accesibles para sus intereses (en este caso, centralizar los litigios en la Ciudad de México).
Justicia asimétrica / De dos velocidades: Sistema donde los grandes consorcios acceden a trámites especializados y ponencias de cúpula, mientras que el ciudadano común o PyME enfrenta rezagos y formalismos en juzgados regionales saturados.
Oficialía de instrucción: Reducción funcional de un juzgador a ser un mero receptor de papeles y desahogador de audiencias, dejándolo sin facultades para dictar la sentencia de fondo.
Justicia abierta (Artículo 31 LOTFJA): Principio que obliga a los tribunales a poner a disposición de la ciudadanía de manera pública, transparente y accesible las sentencias completas, versiones públicas y motivos de sus decisiones.
SJL 2.0 (Sistema de Justicia en Línea): Plataforma digital creada para tramitar todo el juicio de nulidad por internet, criticada en el texto por fallas técnicas e inestabilidad informática.