Discurso de presentación del libro 

"TFJA: Reflexiones para la Reforma. De la opacidad a la Justicia Abierta. 90 Aniversario" 

30 de octubre de 2026

 

Agradezco a ustedes y a los presentadores la oportunidad de compartirles estas reflexiones sobre la impartición de justicia en México. Es un esfuerzo familiar, espiritual y psicológico.

A Guillermo Narváez Osorio y a las autoridades universitarias la posibilidad de presentar el libro en este emblemático recinto, fragua de generaciones de juristas y reencuentro con la conciencia.

Agradezco a quienes sostienen mis pasos de vida. A mi esposa el amor de mi vida Carmen María. A nuestras encarnaciones del amor María Regina y Carmen Elena, por ser en la tierra un hermoso testimonio de Dios.

Agradezco de corazón a quienes hoy me honran en esta mesa. Al contador Juan Heriberto Torres Ramírez, cuya mirada desde el ejercicio contable y fiscal nos recuerda que las sentencias no son ejercicios abstractos, sino decisiones que inciden en el esfuerzo diario de quienes producen, trabajan y contribuyen al sostenimiento de la República.

A mi querido maestro, amigo, admirado jurista e inigualable parlamentario, el licenciado Juan José Rodríguez Prats.

Gracias a la casa editorial Tirant lo Blanch por confiar en un texto crítico, sin concesiones y llevarlo a los lectores.

En la cuna y laboratorio del pensamiento en Tabasco, en lo que fue “la casona de la calle de las Constituciones” que hoy es el Instituto Juárez, vengo a honrar a “los que dieron su vida y pensamiento para que estemos aquí”.

Me siento profundamente honrado de ser tabasqueño. Nuestra tierra es cuna de seres humanos honestos, íntegros, honorables y que han aportado a la nación. Me avergüenzan los que con su conducta han denostado nuestro proceso civilizatorio y tradición de dignidad.

El 29 de enero de 2024 fui designado magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a propuesta del presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador.

Es un gran honor que el liderazgo social más importante del México contemporáneo me distinguiera con tan alta responsabilidad, en memoria de mi padre, Eligio León Traconis (1940-2016). También es un gran honor que una de las mentes más lúcidas y críticas del lopezobradismo -Juan Rodríguez Prats- presente el libro.

Estoy en medio de dos gigantes de la historia de México y Tabasco.

Mi experiencia profesional como juzgador, es un choque entre el derecho y la arbitrariedad; entre la justicia y la simulación; entre la dignidad humana y la violencia psicológica. Frecuentemente me pregunto: ¿Cómo es posible que la justicia administrativa esté en manos de la antítesis humana de lo que debe ser un juzgador?

Una de las grandes lecciones en esta etapa de vida, es que la justicia en México es más discurso que realidad. Más pose intelectual que convicción y conocimiento. Más deshonestidad intelectual que argumento jurídico.

Más política que Estado de Derecho. Es una gran simulación con remuneraciones, edificios y presupuesto.

Comencé a escribir como terapia para contrarrestar el peso de una actividad que está basada en la simulación y aun así, enorgullece por desconexión moral y patriótica a quienes banalizando la injusticia, han perdido el sentido humano.

El libro está dividido en tres partes: (i) Justicia fordiana, (ii) Síndrome de Verres y (iii) Justicia abierta.

No es mi intención personalizar, pero sí exigir que los protagonistas del colapso de la justicia administrativa asuman, ante la opinión pública y la historia, su responsabilidad por una de las etapas más vergonzosas en la vida jurídica de México: la justicia fordiana, la simulación jurídica, la deshonestidad, el centón jurídico, el acoso laboral, la violencia de género y las violaciones a los derechos humanos.

Nunca fue mi objetivo ser laudatorio o complaciente, por el contrario, preferí exponer la realidad de manera analítica, comparativa, crítica y sustentada.

El método aplicado ante la inexistencia de información fidedigna y fuentes oficiales es por naturaleza empírico, con las imperfecciones que esto implica, pero con mi mejor esfuerzo de honestidad intelectual.

El testimonio de un ser humano y juzgador agraviado por una red de corrupción debe separarse -al leer este libro- de la argumentación jurídica, sociológica, psicológica y política.

Este libro no es dogmático, sino una provocación intelectual con reflexiones en defensa de la constitucionalidad y legalidad, que ante la “simulación” encriptada por el silencio resulta disruptivo.

Estamos ante una impartición de justicia administrativa ajena al interés público, construida entre adulaciones, sin sesiones ni deliberación, por lo que decir la verdad irrumpe estridentemente, afecta intereses y es un golpe directo a la corrupción.

El libro es testimonio de un engaño a la República, que desde el México independiente no ha logrado diseñar un modelo de impartición de justicia que fortalezca las instituciones y cohesione a la sociedad. No es una postura ideologizada, es un reclamo y una autocrítica desde mi calidad de jurista.

La corrupción es ideológicamente plural, engañosa, acomodaticia y seductora. Cambia la dignidad por “pesos y centavos”.

La justicia administrativa es responsabilidad de un tribunal que ha desarrollado un sistema paralelo para simular el debido proceso, la deliberación, la colegiación y hasta la ética, sustituyendo la reflexión del caso por una justicia fordiana o demaquila, donde cada sentencia es un producto con ciertos estándares para aparentar una profesionalización de la cual carecen.

Cuando el 27 de agosto de 1936 se promulgó la Ley de Justicia Fiscal que dio vida al entonces Tribunal Fiscal de la Federación, los juristas que la concibieron —encabezados por don Alfonso Cortina Gutiérrez, Antonio Carrillo Flores y Manuel Sánchez Cuén— tenían un propósito claro: someter los actos de la administración pública y del fisco al imperio de la legalidad mediante un órgano autónomo, colegiado y técnicamente impecable.

De cara a esos grandes juristas, nuestra generación debe aceptar el fracaso actual de la impartición de la justicia administrativa y asumir con objetividad y honestidad intelectual la reforma para la refundación. No podemos defender lo indefendible. Sin deliberación colegiada no hay tribunal. En la opacidad no se construye la justicia; en la privacidad que da pie a la simulación han asesinado el interés público. Don Ignacio Burgoa los denominó “simuladores del derecho”.

Este libro nació de una pregunta ética elemental: ¿puede un juzgador permanecer en silencio cuando observa que el diseño constitucional de la justicia administrativa es desplazado en la práctica por la opacidad y la simulación procesal? Mi respuesta es no.

Callar habría significado convalidar. El silencio y la indiferencia es el refugio de quienes no les honra ser juzgadores y han confundido la justicia con una actividad egoísta donde recibir un sueldo, es la paga por la complicidad.

Me motiva recordar a Pellicer: “Esta es la parte del mundo donde el piso se sigue construyendo. Los que aquí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma”. Era imposible, siendo tabasqueño, sumarme al silencio cómplice y pusilánime (falta de valor para afrontar dificultades) de una justicia simulada y deshumanizada.

No es la justicia lo que está en crisis, sino la condición y calidad humana. El ser humano normal, que ejerciendo el ius imperium, adopta comportamientos, conductas y está bajo el efecto del poder y ser autoridad.

Existe un diseño estructural para someter al juzgador y a la justicia a un criterio matemático. Es la justicia tecnócrata, deshumanizada y sin ética. Es lo que Posner denomina “modelo neoliberal”.

La primera deshumanización es la del juez, al imposibilitar la deliberación y, en consecuencia, la sentencia es un producto que se maqueta con partes de otras resoluciones o escritos jurídicos.  

Eso es lo que denominé “centón jurídico”, por ser una copia de ideas ajenas, sin estudio casuístico y originalidad. Justicia por formulario o de formato. La cantidad por encima de la calidad y desechar asuntos con cualquier pretexto para evitar el incremento estadístico. Todo es cuidadosamente silenciado, para no perder la “pose de intelectuales del derecho”.

Percibí que, al igual que los políticos, el juzgador cambia su conducta. No es el arquetipo del ser humano sabio o virtuoso, sino el de “Cayo Verres”,el símbolo de la corrupción y codicia desmedida en Roma.

Teniendo como referencia el “síndrome de hibris”,del libro “En el Poder y en la Enfermedad” de Lord David Owen, que conocí por pláticas con Rodríguez Prats e indirectamente por Humberto Mayans, identifiqué que un conjunto de manifestaciones emocionales, cognitivas o conductuales estaban presentes en las y los magistrados del tribunal.

Lo cual llamé “Síndrome de Verres” para identificar a juzgadores en los que se hace evidente la desconexión moral, la tríada obscura (psicopatía funcional, narcisismo y maquiavelismo), efecto Dunning-Krugger, Efecto Lucifer, obediencia acrítica, indefensión aprendida, banalidad de la injusticia, psicología de la mentira, violencia simbólica y de género, acoso laboral y sexual, tríada del fraude (incentivo o presión, la oportunidad percibida y la racionalización) pensamiento grupal y deshonestidad.

Lo cual es potenciado por las fuerzas situacionales del diseño estructural del tribunal, que concentra en la Junta de Gobierno y Administración las funciones administrativas y disciplinarias.

El cargo de juzgador ha perdido ser el ideal de mujeres y hombres sabios, honestos y con cultura jurídica. El pragmatismo ha dejado al descubierto la condición humana.

Sabemos menos de lo que la sociedad cree y aparentamos creer, por eso se defiende la inexistencia de sesiones como un estatus de erudición intelectual jurídica cuando en realidad es el efecto Dunning-Krugger y la psicología de la mentira institucionalizada.

No somos en el tribunal vidas consagradas a la verdad como postula en la “Iniciación a la abogacía” el francés Jean Moliérac sino a la mentira.

La estructura autoritaria y el ambiente intoxicado por la falta de disciplina efectiva, creatividad irracional y sistemáticas violaciones a derechos humanos, ha transformado a los operadores de justicia en el arquetipo del Efecto Lucifer propuesto por Philip Zimbado.

Comparto un ejemplo: se me ha iniciado un procedimiento para removerme de magistrado por las siguientes causas:

  1. Sostener el criterio jurídico de acreditar la calidad de autoridad competente en proyectos de sentencia por la ilegal integración de la Sala derivada del fin de periodo de un magistrado y solicitar la expedición de un acuerdo de adscripción por suspensión en un juicio de amparo.
  2. Por escribir ensayos donde expongo las consecuencias jurídicas de las desviaciones normalizadas, violaciones a derechos humanos y tolerada corrupción, que es el libro que hoy presento.
  3. Por ausentarme de mi trabajo jurisdiccional existiendo un justificante médico de convalecencia postoperatoria y por negarse la Junta de Gobierno y Administración a emitir un acuerdo a pesar de estar recién operado. Computaron mi convalecencia médica como ausencias.
  4. Por solicitar investigar las alteraciones informáticas en el sistema de seguimiento de juicios.
  5. Por denunciar penalmente delitos contra la impartición de justicia y falsificación de documentos públicos, hecho calificado de insubordinación.
  6. Por señalar que la evaluación de magistrados y actividad jurisdiccional está sustentada en normas abrogadas, es decir, en fundamentos inexistentes jurídicamente.
  7. Por pensar y no aceptar la censura institucional.
  8. La degradación institucional llegó al extremo de publicar en el Diario Oficial de la Federación el cambio de adscripción basado en normas abrogadas, manipulación y motivaciones falsas.

Disfrazar la arbitrariedad con la gaceta estatal es una afrenta constitucional que el presidente del Tribunal convalidó con su silencio cómplice. Es la prueba plena de la injusticia y la represión proveniente de un pacto de impunidad.

El procedimiento está instruido con pruebas ilícitas, normas abrogadas y una serie de motivaciones ajenas al derecho y al sentido común. El criterio genuina y auténticamente jurídico es causal de remoción y está criminalizado. ¡Ahí están las pruebas!

Mi convicción es defender la Constitución, la justicia y la verdad. La de ellos mantener el engaño y la impunidad.

Optaron por el encubrimiento, tienen activas acciones de acoso y difamación. Han transgredido los principios de independencia jurisdiccional, ética pública y legalidad.

Son cortesanos en el Palacio Nacional y “pequeños dictadores” en el tribunal. ¡Son Cayo Verres! Le han dado la espalda a la historia y a la República.

Sonríen a la justicia simulada, al aplauso fácil y apuestan a desempeño mediático, pero no a una justicia verdadera. Están al estilo de Gonzalo N. Santos, creyendo que la moral es un árbol que da moras.

El procedimiento de remoción es la prueba de la existencia del “Síndrome de Verres”. Solo al magistrado más corrupto de Roma se le hubiera ocurrido hacer de la mentira una analogía de la justicia, de la inexistencia del derecho un fundamento, de la libertad una prohibición, de la ilicitud legalidad, de la inmoralidad honorabilidad y del pensamiento crítico una amenaza. Debo agradecer a mis detractores la evidencia empírica de la propuesta heurística del “Síndrome de Verrés”.

El tribunal está capturado por una red de corrupción, con la fuerza política y de facto suficiente para invisibilizar y minimizar la grave crisis institucional existente. Han engañado a los titulares de tres periodos presidenciales.

Con la astucia de fabricar procedimientos con ilicitudes y reputaciones ficticias de intelecto y virtudes. Esto lo denomino en el libro “mediocracia teniendo como base a Alain Deneault y José Ingenieros. Es el ecosistema de gentes primitivasEl interés económico controvertido en 2016 era de 580 mil millones de pesos para el 2026 cerraremos con un billón 520 mil millones de pesos. Un incremento de más del 150%, a razón de 90 mil millones de pesos anuales aproximadamente. (desglose)

Consecuencia de un tribunal con un sistema paralelo de simulación en la impartición de justicia, sin mediciones del INEGI y la Auditoría Superior de la Federación indiferente al incumplimiento de programas presupuestales ajenos al interés público. Además, de la indiferencia de la Administración Pública Federal.

Los vientos de cambio no han llegado al TFJA. El hermetismo y el encriptado de la actividad jurisdiccional permiten que la simulación sea el equivalente de la justicia.

Los acosos, abusos y arbitrariedades están supeditados a un pacto de impunidad, que en cada elección del presidente del tribunal se renueva para que las cosas sigan igual. Esto obedece a la elección del presidente entre pares.

Al Estado y al pueblo nos asiste la obligación y el derecho de tener una justicia administrativa auténtica, con deliberaciones en estricto cumplimiento al principio de justicia abierta. Donde el Gobierno y las personas tengan la seguridad de una justicia transparente, legal y legítima.

Es aberrante que el tribunal de la legalidad esté inmerso en la simulación y las violaciones sistemáticas a derechos humanos, escondiendo en el principio de independencia jurisdiccional precisamente lo contrario.

El desprecio por la integridad es tal que el Código de Ética está abrogado y sigue siendo aplicado. Literal, “inexisten valores y principios vigentes”.

Entre 2016 y la actualidad, la simulación de la actividad jurisdiccional es impuesta, en ese contexto no existe independencia jurisdiccional.

El tribunal ha sido indiferente ante lo que implica la llegada de la primer mujer presidenta de México. Existen violaciones a derechos humanos de mujeres, violencia de género, despidos injustificados y acoso.

El libro deja evidencia del desvío de poder, la corrupción, la impunidad y prácticas irracionales. Por eso, quisieron impedir su publicación al iniciar un procedimiento para destituirme como magistrado.

Eso acredita las arbitrariedades dentro del tribunal y la deslealtad a la Constitución. Tengo la serenidad como jurista de una consciencia honesta.

La tercera parte del libro la titulé Justicia Abierta México y son las reflexiones para refundar el TFJA. Distinguiendo entre las funciones jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias, evitando la concentración de poder y respetando el control de convencionalidad. Debemos diseñar un régimen disciplinario para evitar la corrupción no para reprimir la honestidad.

Debemos reformar para que nunca más una red de corrupción capture la impartición de justicia administrativa.

Es así como podemos hacer frente al entramado financiero del crimen organizado y evasión fiscal.

México exige una justicia reflexiva sustentada en la cultura jurídica de operadores de justicia profesionales y honestos. ¡No en simuladores del derecho!

La transparencia y rendición de cuentas es el sentido correcto para la impartición de justicia administrativa profesional. Postuló Kant, que sin la publicidad no puede haber ni justicia ni derecho.

El libro es un manifiesto jurídico, ético, sociológico, psicológico, histórico y político. Es una interpelación civil. Es la indignación de un juzgador ante la arbitrariedad que vive por querer cumplir su deber.

Es el reclamo a mis pares, por su indiferencia a la justicia. Es mi negación de participar en la corrupción, simulación e impunidad.

Es mi compromiso para no claudicar. Es mi amor a México y nuestra historia. Es el emplazamiento a los intelectuales jurídicos mexicanos para que abandonen el silencio y asuman la crítica constructiva.

La mediocracia sobrevive en un diseño institucional a modo, coludida con el Poder Judicial de la Federación (magistrados por suspensión), ante la ceguera del periodismo, la complicidad de los políticos, el silencio de los intelectuales jurídicos, la confabulación de la burocracia federal, la indiferencia de los partidos políticos, y la faltad de crítica de la “sociedad impoluta” esa que se autodenomina “sociedad civil”. Ese es el “teatro de la justicia”.

El libro es para levantar consciencias y reivindicar valores. Sin verdad no hay justicia.

No quiero cambiar el mundo, pero tampoco voy a permitir que se me obligue a cometer ilícitos contra la impartición de justicia.

Se que estoy del lado correcto al ver quienes están del otro lado y sus conductas.

Frente a la asfixia de los aparatos de protección corporativa y los pactos de impunidad temporal, la conciencia moral de la historia siempre ha sabido colocar a cada actor en su sitio exacto, devolviéndole al poder la dimensión de su propia miseria ética al renunciar a la verdad.

El libro es para compartir, dialogar e indignarse.